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Cultura prevé sanciones más
duras para la SGAE en la reforma de Ley de Propiedad
Intelectual |
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5 DE MARZO 2002
Argentina: Celulares, taxis y
periódicos víctimas de la crisis
Argentina: la red detenida por la crisis, Telefónica suspende su oferta de banda
ancha
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superiores
Sexo es la palabra más buscada por los internautas brasileños
Europa, más usuarios pero menos negocio
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el año 2001
La falta de políticas de software y de auditorias de sistemas, hace peligrar la
seguridad de las PYMES europeas, afirma la BSA
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intelectual, según Ian Harvey
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La Administración pretende
rellenar esta laguna para ejercer un control más eficaz sobre
las entidades de gestión
Fuentes del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
aseguraron a LA RAZÓN que la modificación de la Ley de
Propiedad Intelectual que prepara el Gobierno prevé un régimen
de sanciones más eficaz y severo contra las entidades de
gestión. Actualmente, la ley apenas deja capacidad de maniobra
al Gobierno para controlar, tutelar y sancionar, si fuera
oportuno, a las entidades que administran los derechos de
autor en España. Las denuncias que acumula la SGAE por no
defender correctamente a sus socios ¬estimados en 60.000¬ han
propiciado esta iniciativa. Entretanto, la SDAE, una filial de
la SGAE para Internet que sigue funcionando pese a una
sentencia judicial, pretende imponer un nuevo canon a los
ordenadores.
El Ministerio de Cultura es consciente de la laguna que la Ley
de Propiedad Intelectual de 1987 tiene sobre los mecanismos de
sanción a las entidades que gestionan los derechos de autor.
Cada vez son más las sociedades que se dedican a la
administración de los derechos de autor. En España, uno de los
países europeos que más tiene, hay siete. Todas están
reconocidas por el Ministerio, que es quien autoriza su
creación y su revocación en caso de que se dieran anomalías en
la gestión.
El Ministerio de Cultura también puede solicitar información,
ordenar inspecciones y auditorías, pero no puede penalizar
cuando incumplen la normativa. En este sentido, los
responsables ministeriales prevén medidas especiales para
sancionar a las entidades de gestión, «en especial, a la
SGAE», afirman fuentes de Cultura, «ya que es la sociedad que
más denuncias y críticas ha generado entre los autores». E
incluso entre otras sociedades de gestión, como DAMA (Derechos
de Autor de Medios Audiovisuales), que surgió hace tres años
ante el descontento de muchos directores de cine y guionistas
por el «reparto arbitrario» de los derechos en la SGAE y «por
la falta de transparencia y el trato discriminatorio» que se
hace desde su Consejo de Dirección, que preside Eduardo
Bautista.
La iniciativa del Gobierno también afectará a otras entidades
de gestión. Las más importantes junto a la SGAE y DAMA son
éstas: Artistas, Intérpretes, Sociedad de Gestión (AISGE);
Sociedad de Artistas, Intérpretes o Ejecutantes de España
(AIE); Visual, Entidad de Gestión de Artistas Plásticos (VEGAP);
Centro Español de Derechos Reprográficos (CEDRO) y la
Asociación de Gestión de Derechos Intelectuales (AGEDI).
Los Gobiernos de la Unión Europea tienen de plazo hasta el 22
de diciembre para incorporar la directiva comunitaria,
aprobada por el Parlamento Europeo en febrero del año pasado,
sobre los derechos de autor en la sociedad de la información.
La directiva fija una veintena de excepciones que podrán ser
reglamentadas por los Gobiernos de los Quince. En este
sentido, el Gobierno está consultando a los sectores
implicados sobre materias como el canon por copia privada (que
afecta a los fabricantes de soportes), el concepto de
comunicación pública (que mantiene enfrentados a los
hosteleros con las sociedades de gestión) y la ventanilla
única (una propuesta que evitaría el actual caos en la
recaudación por la exhibición de películas).
Asimelec, la asociación que agrupa al mayor número de
fabricantes de productos de grabación de datos, lamenta que la
SGAE quiera incrementar las tarifas que se pagan por cada
cinta de audio (30 pesetas por hora actualmente) y de vídeo
(50 pesetas). «Estamos dispuestos a negociar una salida
siempre y cuando se manejen unos criterios razonables y no se
mezcle, como hace la SGAE, piratería con copias privadas, algo
que viene recogido en la ley», asegura Antonio Fernández,
portavoz de Asimelec.
Otra de las modificaciones en estudio para la ley se refiere
al litigio que enfrenta al sector hostelero con las entidades
de gestión por la instalación de televisores y radios en estos
establecimientos y el concepto de «comunicación pública», que
conlleva el cobro de un canon por derechos de autor. Pedro
Galindo, presidente de la Federación Española de Hostelería,
se queja de que el Ministerio aún no ha contado con ellos y de
la «nula voluntad negociadora de la SGAE». Considera que los
bares no deben pagar tasas porque ya lo hacen las emisoras de
radio y televisión. «Actualmente los bares no pagan. A algunos
les toca la china y la SGAE los demanda ante los tribunales».
Trascendió el caso de un hotel de Santiago de Compostela al
que se le reclamaba el pago del canon de televisión y música
cuando dicho establecimiento no tenía ningún aparato de TV ni
hilo musical.
Por otra parte, los exhibidores de películas piden la creación
de una ventanilla única donde depositar el dinero que genera
cada filme dada la existencia de varias entidades que reclaman
la misma cantidad.
Publicado en "La Razón"
sábado, 24 mayo 2014 |
