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La reclamación asciende a los más de 33,22 millones de euros de impuestos que Terra Networks abono a la Generalitat catalana tras el traslado de su domicilio social a esta comunidad y corresponden a la ampliación de capital para adquirir Lycos.

Entre los argumentos en los que la Junta basa su fallo apunta que "la casi totalidad de las pruebas acumuladas en este expediente llevan a la conclusión" que Terra "no ha llegado a trasladar su sede efectiva de gestión administrativa y dirección de negocios a Barcelona" en el periodo objeto de litigio.

Dicho periodo abarca desde el 8 de junio de 2000, cuando se acuerda el aumento de capital, hasta la fecha en la que la Madrid decide reclamar a la Comunidad de Cataluña.

Aunque la resolución no niega la relevancia a la voluntad de Terra en el acuerdo de trasladar su domicilio social y en otros documentos, como es el caso de la publicidad que da a la localización de sus oficinas en su Web, considera que "no son suficientes estos datos para concluir que la sede efectiva y de negocio se encuentra en Barcelona", para lo cual considera esencial analizar otros elementos.

Argumenta que excluidos los consejeros que tienen su residencia en el extranjero, "todos los consejeros residían en Madrid en la fecha indicada".

"Se encuentra acreditado que el día 27 de octubre de 2000 el presidente de la compañía y uno de los vocales del Consejo de Administración tenían su residencia en Barcelona. En cambio residían en Madrid ocho consejeros" y similares argumentos utiliza para el personal con poderes de gestión, dirección y representación.

De hecho, en el periodo en el que se reclaman los más de 33 millones de euros de impuestos 18 directivos (9 vicepresidentes sénior y 9 vicepresidentes) residían en la localidad de Pozuelo, donde fundamentalmente se encuentran los medios personales y materiales de la compañía, frente a dos en Barcelona, según dicho documento.
En otro punto señala además que "ha quedado acreditado que el máximo órgano de dirección y administración de la sociedad se reúne en Madrid y no en Barcelona".
"La apreciación conjunta de las pruebas practicadas durante la instrucción del procedimiento" deja "poco lugar a dudas sobre el lugar donde la sociedad concentra sus medios materiales y personales de apoyo a la gestión administrativa y dirección de los negocios. Ese lugar es Pozuelo de Alarcón, en la Comunidad Autónoma de Madrid".

Madrid se alineó en bloque

El conseller de la Generalitat catalana, Francesc Homs señalo tras conocer la decisión que esta es "inadmisible e inaceptable", anunciando un recurso por la vía contencioso-administrativa ante la Audiencia Nacional.

En su intervención señalo el hecho de que los votos de la Administración central, es decir los tres representantes del Ministerio de Hacienda y el presidente de la Junta Arbitral se alinearon con los argumentos de Madrid, mientras que solamente los representantes catalanes votaron en contra de la reclamación de la comunidad madrileña. Se da el caso, que los cuatro representantes del Ministerio viven en Madrid, ejercen su actividad en esta comunidad y las sesiones tuvieron lugar, también, en la capital de España.

Homs señaló que "no acepta" esta decisión y añadió que "era totalmente innecesario abrir esta polémica" y aseguró que el fallo "no ayudará en nada" a la relación entre Catalunya y la Comunidad de Madrid.

Los socialistas piden una solución política y ERC exige a la Generalitat que siga los pasos de Madrid y reclame a todas las compañías que solo tienen la sede en Madrid

El portavoz parlamentario del Partido de los Socialistas Catalanes, Joaquim Nadal, reclamó una solución "política" a este conflicto y evitar que se inicie "una guerra entre comunidades".

Según Nadal, la resolución de la Junta Arbitral "abre un precedente peligroso" en este sentido y señaló que el conflicto es fruto de "un mal planteamiento entre comunidades y de su relación con el Gobierno central en materia de financiación".

Para el dirigente socialista, "si se comienza una guerra" para comprobar "empresa por empresa donde tributan y dónde tienen su sede social, radique donde radique la producción", se entrará en "una fase muy peligrosa" y puso como ejemplo paralelo a Terra el caso de Endesa.

Por su parte el portavoz de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), Joan Ridao, lamentó la decisión e instó a la Administración catalana a "hacer de la necesidad virtud".

En este sentido, señaló que si la CAM "tiene a partir de ahora derecho a recibir todos los beneficios tributarios de las empresas radicadas en Cataluña pero que desarrollan su actividad principal en Madrid, la Generalitat debería hacer lo mismo y ser tan exigente y tan dura, como lo es la administración de esta comunidad”.
 

sábado mayo 24, 2014