Mientras el Grupo
Parlamentario Socialista pedía la exclusión de los medios de
comunicación de la LSSI, CiU afirmaba que invadía algunas
competencias traspasadas a las comunidades autonomas.
El Grupo Parlamentario Socialista solicita al Ejecutivo que
quede excluido del Proyecto de Ley de la Sociedad de la
Información y de Comercio Electrónico (LSSI) el suministro de
información en la Red como el que realizan los periódicos y
revistas que se publican en Internet, si no tienen como fin
último una actividad económica o comercial.
Así lo señala el grupo mayoritario en la oposición en en una
de las enmiendas de las 33 enmiendas que ha presentado a este
texto normativo. En este sentido, defiende que esta normativa
englobe a los servicios de la Sociedad de la Información
siempre que "representen actividad económica", entonces
sí afectaría al suministro de información vía telemática.
La formación política socialista considera que este texto
legislativo "coarta la sociedad de la información" y
que el Ejecutivo pretende a través de la misma una
"regulación restrictiva que recorta la libertad de expresión
en Internet".
Los socialistas subrayan en su propuesta que "no son objeto
de esta ley" las páginas web, los servicios de ftp, el
intercambio de ficheros, los servidores considerados como
personales aun cuando tengan asignado dominio propio
realizados de forma personal o entre varias personas y que no
tengan como fin último una actividad económica o comercial.
"Es decir --agrega el PSOE-- queda excluida el suministro
de información en la Red como el que realizan los periódicos y
revistas que se publican en Internet".
Por otro lado, pide al Ejecutivo que especifique la exclusión
del ámbito de aplicación de esta Ley la prescripción de
medicamentos, tratamientos médicos, diagnósticos clínicos,
dispensación o venta de fármacos y especialidades
farmacéuticas. Los socialistas abogan por que esta materia se
regule por su normativa específica.
Además, el PSOE propone, a través de un texto de adición, que
antes de julio de 2003 y, a continuación, cada dos años, el
Gobierno presentará en el Congreso y en el Senado un informe
sobre la aplicación de la presente Ley que irá acompañado en
su caso de propuestas para adaptarla a la evolución jurídica,
técnica y económica en el ámbito de los servicios de la
Sociedad de la Información.
CiU considera que invade
competencias autonómicas de comercio, protección de usuarios y
medios de comunicación
El grupo catalán de
Convergència i Unió, por su parte, considera que el
proyecto de Ley de Servicios de la Sociedad de la Información
y de Comercio Electrónico (LSSI) "no puede ignorar" el
ámbito competencial de las Comunidades Autónomas en la
normativa correspondiente sobre comercio interior, protección
de los consumidores y usuarios y medios de comunicación, "por
el simple hecho de que éstas se realicen a través de las
Nuevas Tecnologías", según se desprende de una enmienda de
adición presentada ante el Congreso de los Diputados.
Además, el Grupo
Parlamentario Catalán introduce modificaciones en las
disposiciones adicionales para dejar constancia de la
"existencia de normas autonómicas aplicables" en función
del lugar de establecimiento de los prestadores de servicios (ISP),
así como del hecho de que Administraciones autónomicas y
locales tienen atribuidas competencias sobre materias en las
que la actividad de los ISP puede incidir directamente.
Además, afirma que, respecto a la protección de los derechos a
la intimidad personal y familiar, a la protección de los datos
personales, a la libertad de expresión y a la libertad de
información, recogidos en el controvertido artículo 8.1, las
CC.AA. tienen atribuidas competencias "sustantivas que en
el redactado del artículo aparecen como principios a
proteger".
Respecto al control de la actividad de los prestadores de
servicio, CiU, que ha presentado más de setenta enmiendas,
sostiene que el capítulo de potestad sancionadora de los
medios de comunicación social corresponde a las CC.AA., y
niega la posibilidad de que se pueda aducir "razones de
extraterritorialidad para justificar la reserva estatal".
De igual forma, introduce diferentes modificaciones para que
se respete la pluralidad lingüística. Así, justifica que los
contratos se formalicen en la misma lengua en que se realizó
la oferta (artículo 26), así como que los códigos de conducta
sean traducidos por los ISP a las lenguas cooficiales (17.3).
Además, pide la eliminación del artículo 16 respecto a la
responsabilidad de los ISP que faciliten enlaces a contenidos
o instrumentos de búsqueda. Entiende que la directiva europea
--que será traspuesta con la LSSI-- no contempla este campo,
y, si se regula este ámbito, CiU prevé que conducirá "en la
práctica" a una eliminación de enlaces en los webs, lo
cual supondría un "importante freno al desarrollo de la
Sociedad de la Información".
sábado mayo 24, 2014 |