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El PSOE defienda que la Ley no se aplique a los diarios y revistas de Internet
Mientras el Grupo Parlamentario Socialista pedía la exclusión de los medios de comunicación de la LSSI, CiU afirmaba que invadía algunas competencias traspasadas a las comunidades autonomas.


El Grupo Parlamentario Socialista solicita al Ejecutivo que quede excluido del Proyecto de Ley de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico (LSSI) el suministro de información en la Red como el que realizan los periódicos y revistas que se publican en Internet, si no tienen como fin último una actividad económica o comercial.

Así lo señala el grupo mayoritario en la oposición en en una de las enmiendas de las 33 enmiendas que ha presentado a este texto normativo. En este sentido, defiende que esta normativa englobe a los servicios de la Sociedad de la Información siempre que "representen actividad económica", entonces sí afectaría al suministro de información vía telemática.

La formación política socialista considera que este texto legislativo "coarta la sociedad de la información" y que el Ejecutivo pretende a través de la misma una "regulación restrictiva que recorta la libertad de expresión en Internet".

Los socialistas subrayan en su propuesta que "no son objeto de esta ley" las páginas web, los servicios de ftp, el intercambio de ficheros, los servidores considerados como personales aun cuando tengan asignado dominio propio realizados de forma personal o entre varias personas y que no tengan como fin último una actividad económica o comercial.

"Es decir --agrega el PSOE-- queda excluida el suministro de información en la Red como el que realizan los periódicos y revistas que se publican en Internet".

Por otro lado, pide al Ejecutivo que especifique la exclusión del ámbito de aplicación de esta Ley la prescripción de medicamentos, tratamientos médicos, diagnósticos clínicos, dispensación o venta de fármacos y especialidades farmacéuticas. Los socialistas abogan por que esta materia se regule por su normativa específica.

Además, el PSOE propone, a través de un texto de adición, que antes de julio de 2003 y, a continuación, cada dos años, el Gobierno presentará en el Congreso y en el Senado un informe sobre la aplicación de la presente Ley que irá acompañado en su caso de propuestas para adaptarla a la evolución jurídica, técnica y económica en el ámbito de los servicios de la Sociedad de la Información.
 

CiU considera que invade competencias autonómicas de comercio, protección de usuarios y medios de comunicación
 

El grupo catalán de Convergència i Unió, por su parte, considera que el proyecto de Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico (LSSI) "no puede ignorar" el ámbito competencial de las Comunidades Autónomas en la normativa correspondiente sobre comercio interior, protección de los consumidores y usuarios y medios de comunicación, "por el simple hecho de que éstas se realicen a través de las Nuevas Tecnologías", según se desprende de una enmienda de adición presentada ante el Congreso de los Diputados.

Además, el Grupo Parlamentario Catalán introduce modificaciones en las disposiciones adicionales para dejar constancia de la "existencia de normas autonómicas aplicables" en función del lugar de establecimiento de los prestadores de servicios (ISP), así como del hecho de que Administraciones autónomicas y locales tienen atribuidas competencias sobre materias en las que la actividad de los ISP puede incidir directamente.

Además, afirma que, respecto a la protección de los derechos a la intimidad personal y familiar, a la protección de los datos personales, a la libertad de expresión y a la libertad de información, recogidos en el controvertido artículo 8.1, las CC.AA. tienen atribuidas competencias "sustantivas que en el redactado del artículo aparecen como principios a proteger".

Respecto al control de la actividad de los prestadores de servicio, CiU, que ha presentado más de setenta enmiendas, sostiene que el capítulo de potestad sancionadora de los medios de comunicación social corresponde a las CC.AA., y niega la posibilidad de que se pueda aducir "razones de extraterritorialidad para justificar la reserva estatal".

De igual forma, introduce diferentes modificaciones para que se respete la pluralidad lingüística. Así, justifica que los contratos se formalicen en la misma lengua en que se realizó la oferta (artículo 26), así como que los códigos de conducta sean traducidos por los ISP a las lenguas cooficiales (17.3).

Además, pide la eliminación del artículo 16 respecto a la responsabilidad de los ISP que faciliten enlaces a contenidos o instrumentos de búsqueda. Entiende que la directiva europea --que será traspuesta con la LSSI-- no contempla este campo, y, si se regula este ámbito, CiU prevé que conducirá "en la práctica" a una eliminación de enlaces en los webs, lo cual supondría un "importante freno al desarrollo de la Sociedad de la Información".









 

sábado mayo 24, 2014


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