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La telefonía es el sector más denunciado por los
consumidores, fundamentalmente por el cobro irregular de
llamadas no realizadas y servicios no contratados.
Menos calidad, más irregularidades y un control casi
inexistente por parte de los organismos competentes. Así
valora la Federación de Asociaciones de Consumidores y
Usuarios de Andalucía (FACUA) la situación del sector de las
telecomunicaciones tras cuatro años del inicio de la
liberalización emprendida por el Gobierno, un proceso
desarrollado de espaldas a los derechos y necesidades de los
ciudadanos que se ha preocupado exclusivamente por la creación
de un marco artificial de competencia.
En el informe Liberalización: el caos que no cesa, que publica
en el último número de su revista Consumerismo (www.facua.org/consumerismo),
FACUA denuncia la situación de desprotección que padecen los
usuarios españoles ante los abusos y fraudes de las compañías
como consecuencia de la falta de regulación del sector, sólo
adornado con leves pinceladas normativas que incluso en muchos
casos vienen a dar pasos atrás, negando derechos antes
reconocidos a los consumidores.
La telefonía, que un año antes del comienzo de la
liberalización ocupaba el décimo lugar en las denuncias de los
usuarios, es hoy el sector más denunciado, fundamentalmente
por el cobro irregular de llamadas no realizadas y servicios
no contratados, lo que se agrava por los deficientes servicios
de atención al cliente de las compañías.
FACUA denuncia que el proceso liberalizador ha traído una
bajada significativa y alarmante de los niveles de calidad en
la atención al cliente, con un personal de escasa preparación
técnica, un incremento del precio de las llamadas locales y
las cuotas fijas (abono y alquiler de terminales),
perjudicando fundamentalmente a los consumidores domésticos,
así como una descontrolada publicidad agresiva y en muchas
ocasiones engañosa.
A ello debe unirse la inseguridad existente en los procesos de
contratación de los servicios, que han dado lugar incluso a
conductas presuntamente delictivas, como la falsificación de
firmas de usuarios. Una situación, denuncia FACUA, que nada
tiene que ver con el panorama que prometió el Gobierno en
1998, que presentó la liberalización como sinónimo de bajada
de tarifas y mejora en la calidad del servicio.
La Federación considera que la normativa vigente resulta
escasa e insuficiente y conlleva remisiones continuas a
futuros desarrollos reglamentarios. También resultan dispersas
las administraciones competentes en la materia, con cuatro
ministerios supuestamente implicados en la regulación y
control del sector (Economía y Hacienda, Ciencia y Tecnología,
Presidencia y Sanidad y Consumo) junto a la Comisión del
Mercado de las Telecomunicaciones. Dispersión, denuncia, que
afecta directamente al grado de implicación de dichas
administraciones, que se inhiben en muchos casos ante las
denuncias de los usuarios y las reivindicaciones de las
asociaciones de consumidores.
FACUA advierte que el modelo liberalizador desarrollado por el
Gobierno se sustenta en un marco artificial de competencia,
sobre la base del alquiler de las líneas a los operadores y no
en la creación de infraestructura y, por tanto, en la
inversión como fórmula de un mejor servicio a los ciudadanos.
Un modelo que ya está derivando en falta de inversión en
determinadas zonas, que está reorientando los servicios de
mejor y mayor calidad hacia las zonas geográficas y colectivos
de usuarios más rentables económicamente.
Esto, advierte la Federación, está poniendo en grave riesgo el
cumplimiento y garantía de las obligaciones de servicio
público que se derivan del concepto de Servicio Universal de
Telecomunicaciones: accesibilidad, calidad, igualdad de trato,
no discriminación, continuidad del servicio, capacidad de
adaptación a las necesidades de los usuarios, información
transparente y suficiente de los servicios, precio
asequible...
sábado mayo 24, 2014 |
