AUI considera que
las modificaciones aprobadas por el Congreso evitan
"debilidades jurídicas"
El presidente de la Asociación de Usuarios de Internet (AUI),
Miguel Pérez Subías, calificó hoy de "interesantes" y
"positivas" las modificaciones aprobadas hoy en el
Congreso de los Diputados al Proyecto de Ley de
Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio
Electrónico (LSSI) que libera de responsabilidad a los
proveedores de servicios 'online' de los contenidos que
aparezcan en sus webs, ya que evita una "debilidad
jurídica".
En su opinión, esta modificación a la LSSI es una "buena
aportación" ya que de haberse responsabilizado a un
portal o prestador de servicios de intermediación por
colgar una determinada información ajena a la empresa
podría haber sido utilizado --señaló a Europa Press--
para "atacar a la competencia".
Igualmente, se congratuló de que el texto saliente de la
Cámara Baja aclare que un prestador de servicios tiene
"conocimiento efectivo" de que la actividad o
información que almacena es ilícita cuando "un órgano
competente haya declarado la ilicitud" de estos datos,
ordenado su retirada o que se imposibilite el acceso a
los mismos, y el prestador conociera la correspondiente
resolución.
Anteriormente a esta modificación, el prooveedor de
servicios de la Ley debía "tomar una acción" al recibir
una "comunicación efectiva" lo que, a juicio de Pérez
Subías, constituía un "término que introducía
inseguridad" por falta de precisión.
No obstante, reiteró su pesar porque el texto no regule
los juegos de azar 'online'. En este sentido, manifestó
la "preocupación" de su asociación por la exclusión de
esta materia en la LSSI.
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El Pleno del Congreso de los Diputados dio el visto bueno a
la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y del
Comercio Electrónico, un texto que pretende regular las
actividades en internet para que tengan un tratamiento similar
al que tendrían fuera de la red. Ahora el Senado deberá
examinar la llamada ley de internet, que podría entrar en
vigor en junio.
Con el apoyo de Convergencia i Unió, el Partido Popular logró
que se aprobara el Dictamen de la Comisión y enviar así al
Senado una ley que llegó a ser calificada por la oposición de
"inconstitucional" e "intervencionista" y que ha admitido más
de un centenar de enmiendas, menos de un tercio de las que se
habían propuesto.
De entrada, con esta ley se pretende incorporar al derecho
español la directiva europea sobre comercio electrónico y, al
mismo tiempo, sentar las bases para regular las actividades
realizadas a través de internet y de las nuevas tecnologías.
Esta doble vertiente de la ley ha sido criticada por el PSOE e
Izquierda Unida, que aseguran que excede sus competencias y
llega a afectar a los derechos fundamentales de las personas,
por lo que, en todo caso, tendría que tener carácter orgánico.
De hecho, la diputada socialista Francisca Pleguezuelos,
aseguró ayer durante el debate del Dictamen de la Comisión que
"el gran error" del Ministerio de Ciencia y Tecnología ha sido
hacer una ley que "va mucho más allá" de la mera transposición
de la directiva europea y, "desde luego, se pasa".
Sin embargo, para el PP este texto es pionero incluso en el
método de elaboración (se colgaron en internet los borradores
para que los interesados pudieran opinar), "compacto,
equilibrado, integrado y consensuado", en palabras del
diputado popular Juan Manuel Moreno.
Posibilidad de censura
CiU coincide con el PP y, según su diputado Jordi Jané, esta
ley es "emblemática" y "necesaria", porque será la primera que
regule internet y la Sociedad de la Información en España y,
por lo tanto, dé más seguridad jurídica a los usuarios.
Esta agrupación, que ha logrado que se le aprueben 41
enmiendas -textuales o transaccionadas-, valora las
competencias autonómicas que establece el texto, aunque las
considera insuficientes, y cree que ya deja claro qué órganos
pueden tomar decisiones como el cierre de una página web.
La oposición criticó el texto original porque, en su opinión,
"abría la puerta" a la intervención del Estado para censurar
los contenidos de internet", algo que CiU cree que ya se ha
solventado a través de enmiendas, mientras que IU mantiene que
aún es ambiguo.
En este sentido, Moreno insistió en que el texto "no pretende
atribuir más competencias a nadie" y que, por lo tanto, deja
claro que "sólo una autoridad judicial podrá tomar estas
decisiones".
Otro punto de coincidencia entre PSOE e IU es la opinión de
que la ley no ayudará al desarrollo del comercio electrónico y
la sociedad de la información en España, sino que lo
entorpecerá, "ya que exige más a los prestadores de servicio
en la red que la economía tradicional", en palabras de
Pleguezuelos.
El texto de la ley será ahora estudiado por el Senado, que lo
devolverá al Congreso de los Diputados en un plazo aproximado
de dos meses, con lo que se podría aprobar definitivamente a
finales de junio.
sábado mayo 24, 2014 |
