El PP utiliza su mayoría para rechazar un centenar de enmiendas y cuatro propuestas de veto, pero recibe críticas del resto de partidos



El Pleno del Senado aprobó hoy el dictamen de la Comisión de Ciencia y Tecnología sobre el Proyecto de Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico (LSSI), que regresará ahora al Congreso, cuyo Pleno tendrá que estudiar las modificaciones introducidas durante la tramitación en la Cámara Alta antes de darle el visto bueno definitivo.

Tras un maratoniano debate de cinco horas de duración, el texto tuvo que superar hasta 26 votaciones, entre los cuatro proyectos de veto y el casi un centenar de enmiendas que quedaron en pie tras no tenerse en cuenta los dos vetos y 62 enmiendas presentadas por los representantes de Izquierda Unida y Bloque Nacionalista Galego, que hicieron huelga.

El Partido Popular los rechazó uno a uno con su mayoría parlamentaria, pero precisó incluso de la división del dictamen en tres bloques para conseguir el apoyo de sus socios, Convergencia i Unió (CiU) y Coalición Canaria (CC), a la parte que afectaba a un mayor número de artículos.

La ministra de Ciencia y Tecnología, Anna Birulés, dio inicio a la sesión defendiendo tanto el texto aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 8 de febrero, que calificó de "marco regulatorio apropiado para el desarrollo de servicios por vía electrónica", que da "seguridad jurídica" a empresas y contempla un "elenco de garantías y derechos" al ciudadano; como las aportaciones recibidas en la tramitación en Congreso y Senado que --dijo-- "lo han enriquecido de forma notable".

De estas, destacó el "esfuerzo adicional en aclarar el régimen de garantías" (limitación de cierres a órganos judiciales), la inclusión en su ámbito de actuación de los casinos 'online', los mecanismos de defensa ante "prácticas engañosas o fraudulentas" o la incorporación a la norma española de la "vieja aspiración" del Parlamento y Gobierno españoles de incluir el acceso a Internet dentro del concepto de servicio universal de telecomunicaciones.

Birulés también se mostró satisfecha por la adenda al texto remitido por el Gobierno de una reordenación del sistema de direcciones de Internet bajo el dominio '.es', con la creación de subdominios tanto para garantizar su disponibilidad como para la protección de la infancia, así como de plazos concretos para la sustitución de las líneas de telefonía rural de acceso celular (TRAC), que tendrá que estar "completamente terminada" antes de 2005.

Respecto a la polémica enmienda de almacenamiento de datos de navegación durante un año por parte de los proveedores de servicios de Internet (ISP), la ministra reiteró que se limitará "exclusivamente a datos de conexión y tráfico (...) y en ningún caso de contenidos, para evitar la creación de perfiles personales y proteger el derecho al secreto de las telecomunicaciones", que sólo podrán ser consultados "de acuerdo a la Ley de Protección de Datos o cuando así lo solicite el Ministerio Fiscal".

CONTROLAR LA RED

Lejos de estos planteamientos, el senador del PSOE Félix Lavilla le replicó que la tramitación había sido "una chapuza", por culpa de "una precipitación que ha impedido a los parlamentarios conocer las enmiendas". Para el portavoz socialista, el paso de la LSSI por las Cortes ha sido "oscurantista, engañoso y nada transparente, ya que se ha cambiado entera en el Senado sin que la sociedad haya sabido cómo se atentaba contra su intimidad".

Entre las críticas enumeradas tanto por Lavilla como por su compañero y portavoz en la Comisión de Ciencia y Tecnología, Jerónimo Saavedra, resalta que el proyecto de ley, como "reflejo del intento del Gobierno de controlar los medios de comunicación, poner Internet a sus pies y entrar a saco en la intimidad" de los ciudadanos, "ha ido contra la Constitución en dos ocasiones".

El principal partido de la oposición aseguró que "ningún artículo" de la directiva 2000/31/CE que la LSSI traspondrá a la legislación nacional "habla de la información a través de Internet", lo que --según Lavilla-- sí hace la ley y provocará que muchas empresas españolas con actividad en la Red "emigren".

Por su parte, el ex ministro añadió a las quejas sobre la cuantía "desproporcionada" de las sanciones que establece el proyecto de ley o al que dedique "todo un capítulo a las obligaciones y responsabilidades de los ISP, mientras que hay un sólo artículo que hace alusión a los derechos de los usuarios", otras de carácter técnico: "No regula con precisión, ni sencillez, sino que impera el desorden, la asistemática y el intervencionismo".

CRITICAS GENERALIZADAS

No fue el PSOE la única formación política en criticar al Gobierno y al partido que lo sustenta. Birulés y los senadores del PP tuvieron que aguantar las críticas de Eusko Alkartasuna (EA), Partido Nacionalista Vasco (PNV) o Entesa Catalana del Progrés (ECP), pero también las de partidos como CiU --"El proceso final en el Senado ha sido atropellado"-- o CC --"Es un proyecto con luces y sombras"-- que, finalmente, les apoyaron parcialmente con sus votos.

Así, el portavoz de ECP, Arseni Gibert, aseguró que el proyecto de ley "peca de suspicacia previa y de un exceso de intervención administrativa, con los consiguientes riesgos de arbitrariedad", además de sostener que la enmienda sobre guardar los datos de navegación, "en su versión original un clara vulneración de derechos y libertades fundamentales, es todavía de una ambigüedad notable".

Si Gibert se declaró "bastante frustrado" por el curso de la tramitación en el Senado, su homológo del PNV, Francisco Xabier Albistur, afirmó que se sentía "timado y humillado" con la misma. Para Albistur, tras acumular seis meses de retraso en la adaptación de la directiva comunitaria, las "prisas" finales por aprobar el texto "denotan el carácter electoralista y demagógico del PP".

En la misma línea, la senadora de EA Inmaculada Boneta reclamó a la mayoría parlamentaria "una pizca de humildad para reconocer que otros pueden tener razón", ya que la LSSI --impregnada de la "filosofía de recentralización del poder", que afecta a derechos y libertades fundamentales y que supondrá una "rémora" para el desarrollo del comercio electrónico, aseveró-- "no se ha modificado un ápice en lo esencial" en su paso por ambas Cámaras.

EL PP, "ORGULLOSO"

En cambio, para la portavoz del PP, Lucía Delgado, este proyecto de ley es "necesario, adecuado y de presentación muy oportuna", amén de responder a la trasposición de una directiva comunitaria. Delgado se mostró "muy orgullosa" del proceso seguido por la LSSI, desde su publicación en Internet en octubre de 2000 hasta sus "cinco borradores", pasando por "el talante dialogante del Gobierno y del grupo que lo sostiene".

Después de negar que la LSSI vulnere derechos y libertades fundamentales, la portavoz 'popular' reiteró que aportará seguridad jurídica a las empresas y únicamente afectará a las actividades económicas realizadas a través de Internet. "No es una Ley de Internet porque no regula todos los aspectos de la Red", añadió.

Por último, y como cierre del debate, Delgado se refirió a la polémica enmienda presentada por su grupo para obligar a los ISP a guardar datos de navegación como "fruto de la reclamación de un grupo de expertos de Interpol", que se limita al registro de la dirección IP del ordenador conectado, el momento de conexión y medio utilizado. "En ningún momento se ha mencionado el almacenamiento durante doce meses de los sitios por los que se haya navegado", concluyó".



 

sábado mayo 24, 2014