Los acusados accedieron a su correo electrónico para
encontrar pruebas que respaldasen su despido, según la
acusación
El Juzgado de Instrucción número 2 de
Barcelona ha ordenado la apertura del juicio oral contra los
directivos de Deutsche Bank Juan Cruz Alcalde, José Antonio
Soler y Albert Faulin por un delito continuado de
"descubrimiento y revelación de secretos" al interceptar 'e-mails'
personales del entonces empleado de la entidad bancaria,
Gregorio Giménez, y pide a los procesados un importe de 30.000
euros en concepto de fianza.
Así lo ha resuelto la magistrada de este Juzgado, Eugenia
Canal, quien asimismo hace responsable civil subsidiaria a la
entidad financiera.
Por su parte, la acusación particular, representada en Carlos
Sánchez Almeida, ha pedido ante las instancias judiciales la
imposición de cinco años de cárcel a los acusados por
"vulnerar el derecho de la inviolabilidad de comunicaciones"
de su cliente, informó a Europa Press el propio letrado.
Los hechos acontecieron, según el escrito de la acusación,
después de que el denunciante fuese despedido de la entidad
bancaria. Los acusados Juan Cruz Alcalde y José Antonio Soler,
directores de Recursos Humanos y de Relaciones Laborales,
acordaron el despido del afectado en noviembre de 1999, hecho
por el que el Sindicato de Empleados del Grupo Deutsche Bank
les acusó de un delito contra la libertad sindical por el que
se siguieron diligencias ant el Juzgado de Insturcción 21 de
Barcelona.
Dado que el despedido no había sido sancionado en los 28 años
en los que trabajó en Deutsche Bank, los dos directivos
anteriormente citados "decieron interceptar su correo
electrónico" --según el escrito del denunciante--, con el fin
de "obtener pruebas con las que sustentar un eventual despido
disciplinario".
A tal efecto, encomendaron al director de Seguridad Lógica de
la Entidad Deutsche Bank, Albert Faulín Berned, tercer
imputado en la causa, "el acceso, bloqueo y copiado" de los
'e-mails' "enviados" por Giménez, si bien también interceptó
los recibidos por el afectado.
De este modo, los acusados leyeron los citados correos sin
contar con el consentimiento previo de Giménez, ni de los
emisores y destinatarios de estos, que vieron también
--continúa la defensa de la acusación-- vulnerado su derecho a
al inviolabilidad de las comunicaciones.
Despúes de haberse formulado la acusación y abierto el juicio
oral, las partes acusadas, así como la entidad financiera
declarada responsable civil subsidaria, deberán formular por
escrito su defensa. Para asegurar las responsabilidades
civiles que puede imponérseles, el juzgado de Intrucción
número 2 les requiere una finanza de 30.000 euros y, de no
efectuarse dicho desembolso, se procederá al embargo de bienes
de su propiedad para cubrir esa cuantía. EP
sábado mayo 24, 2014