Diversas organizaciones de consumidores
consideran que las medidas propuestas por la ASTEL atentan
contra los intereses generales y los derechos de los
consumidores, retrasando el desarrollo de la Sociedad de la
Información.
Organizaciones de consumidores, usuarios e internautas
españolas ( AI, AUC, ADICAE, CECU, FUCI, UCE, UNAE y UNCCUE
)han hecho público un comuicado conjunto en el que muestran su
rechazo a las medidas propuestas por la ASTEL (asociación de
nuevos operadores entrantes el mercado de las
telecomunicaciones).
Dichos operadores, según el comunicado conjunto, "pretenden la
ampliación de una serie de medidas proteccionistas basadas en
restringir las oportunidades de negocio para el operador
establecido", lo que en su opinión "lesiona los derechos de
los consumidores y retrasa el desarrollo de la Sociedad de la
Información".
Las asociaciones denuncian, a la vez, "la falta de voluntad de
inversión en el sector por los operadores entrantes (...)con
una visión puramente especulativa y de rentabilidad a corto
plazo", lo que ha evitado la configuración de alternativas
competitivas al operador dominante
COMUNICADO CONJUNTO ENVIADO
AL MCYT Y A LA CMT
Las organizaciones abajo firmantes, con motivo del
documento presentado al Gobierno por la Asociación de
Empresas Operadoras y de Servicios de Telecomunicaciones
(Astel) en el que se recogen una serie de medidas para
"introducir una competencia real" en el sector de las
telecomunicaciones, solicitan de la CMT y del Gobierno
que satisfagan los intereses generales antes que los
empresariales y, en consecuencia, el rechazo de las
citadas medidas por atentar contra los derechos de los
consumidores, atendiendo a los siguientes motivos:
1. Los diferentes operadores entrantes en el mercado,
integrados en Astel, han desaprovechado el plazo
inicialmente otorgado por la Comisión del Mercado de las
Telecomunicaciones (CMT) para comercializar servicios de
ADSL sin la Competencia del operador establecido. En la
práctica, ese periodo de protección a los nuevos
operadores sólo ha servido para retrasar el desarrollo
de la Sociedad de la Información en España, por lo que
no es de recibo que ahora se pretenda limitar la oferta
de servicios minoristas de ADSL.
2. La puesta en marcha de la preselección, que supone la
posibilidad para el usuario de abonarse a una compañía
distinta del operador establecido sin necesidad de
marcar un prefijo, se ha desarrollado en España con
enormes irregularidades por parte de los nuevos
operadores. La posibilidad inicial de contratación
tácita por parte del consumidor ha generado muchos casos
en los que éstos no eran conscientes de tal
preselección, e incluso se han dado situaciones de
presunta falsificación de firmas. La variación de esta
situación y, por supuesto la ampliación del plazo de
recuperación de clientes por parte del operador
establecido, supone una restricción muy perjudicial para
la libre competencia, lesiona el derecho a la
información de los usuarios, la libre elección, y puede
agravar las irregularidades mencionadas.
3. Una característica del marco tarifario en el sector
de telecomunicaciones tras la liberalización, ha sido la
falta de voluntad inversora por parte de muchos de los
nuevos operadores, sólo interesados en competir en
aquellos segmentos de llamadas más rentables. En este
sentido, la petición de Astel de que el operador
incumbente ceda a terceros al menos el 25% del total de
bucles utilizados a 31 de diciembre de 2002 contrasta
con los datos aparecidos en los medios de comunicación,
según los cuales de las 967 centrales ofrecidas por el
establecido, sólo hay demanda real para 45, lo que pone
en entredicho el interés real de los entrantes por la
gestión del bucle local. Con esta medida se pretende,
además, evitar el mínimo riesgo en la gestión del bucle
al no tener que hacer frente al coste de alquiler de las
instalaciones.
4. Esa misma falta de voluntad de inversión en el
sector, con una visión puramente especulativa y de
rentabilidad a corto plazo, se deriva de su petición de
un nuevo reajuste de precios de interconexión. A pesar
de que los precios efectivos de interconexión en España
son de los más bajos de Europa (en agosto de 2001 se
redujeron en un 22%), lo cierto es que la mayoría de los
usuarios no se han visto beneficiados por las mismas.
Desde este punto de vista, los precios de la
interconexión es una guerra planteada para defender y
aumentar el margen de beneficio empresarial, sin que
repercuta en la mayoría de la población.
5. Las nuevas operadoras han solicitado a la
Administración que no se permitan nuevos planes de
descuento del operador establecido. Ello, en nuestra
opinión, atenta contra los intereses económicos de los
usuarios, que se verían impedidos de acceder a las
ventajas de cualquier oferta. La medida tendrá mayor
gravedad para aquellos clientes de menor poder
adquisitivo, o de zonas geográficas de escaso interés
que no son objeto de atención preferente de los
operadores entrantes.
6. También resultaría lesivo para los intereses
económicos de los ciudadanos que se impida o limite la
participación de operadores en los concursos públicos,
porque estas restricciones actúan contra la eficiencia y
los ciudadanos acabarían sufragando con sus impuestos o
mediante precios más caros dicha ineficiencia.
Las asociaciones de consumidores y usuarios aceptamos en
su momento un marco de intervención en el sector de las
telecomunicaciones que controlara los precios y acciones
del operador establecido, con el fin de permitir la
apertura del mercado, el desarrollo de nuevas ofertas y
mejores condiciones de servicio. Pero consideramos que
el período de intervención administrativa para
beneficiar a las nuevas empresas ya ha pasado y ahora
debe velarse preferentemente por los intereses de los
usuarios.
Cualquier distribución de la cuota de mercado (en
general o referida a productos concretos) debe ser fruto
de las actuaciones de los propios operadores a través de
sus acciones de inversión, precios, calidad, etc.,
siendo éstas las que permitan a los usuarios elegir.
Por último, queremos mostrar nuestra preocupación por el
hecho de que entre las medidas propuestas por Astel no
se incluya referencia alguna a la creación del Fondo de
Compensación de Servicio Universal, establecido por Ley
y que sería la forma de asegurar el sostenimiento de ese
servicio universal a medio plazo en el sector de las
telecomunicaciones. Parece claro que, por encima de los
intereses de los operadores para garantizarse una cuota
de mercado, deben primar los intereses de los ciudadanos
que son los que el órgano regulador, el Gobierno y la
propia competencia debieran de proteger con sus
actuaciones.
Las organizaciones firmantes:
Asociación de Internautas (AI)
Asociación de Usuarios de la Comunicación (AUC)
Unión de Consumidores de España (UCE)
Federación Unión de Consumidores Independientes (FUCI)
Federación y Unión Cívica Nacional de Consumidores y
Amas de Hogar de España
(UNAE)
Asociación para la defensa de los impositores de Bancos
y Cajas de Ahorro de
España (ADICAE)
Confederación Española de Consumidores y Usuarios (CECU)
Unión Nacional de Cooperativas de Consumidores y
Usuarios de España (UNCCUE)
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sábado mayo 24, 2014 |