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La 'selva' normativa sobre instalación de antenas exaspera a las operadoras
 

Las operadoras de telefonía móvil piden a la Administración que simplifique la regulación relativa a la instalación de antenas, ya que consideran que la actual pluralidad de normativas limita el ritmo de colocación y, por lo tanto, la calidad y garantía de su servicio.

Fuentes de estas compañías explicaron ayer a Efe que, además del real decreto que existe en España para regular los límites de exposición a las emisiones radioeléctricas de la telefonía móvil (aprobado en septiembre del año pasado), hay numerosas ordenanzas municipales que han creado una "auténtica selva normativa".

El citado real decreto incluye entre otras medidas la exigencia de que los operadores presenten certificados de los niveles de exposición en las áreas cercanas a las estaciones-base antes de obtener una autorización.

Establece que el Ministerio de Sanidad y Consumo será el encargado de dictar los límites y pautas sanitarias que deben aplicarse en la instalación de antenas, al tiempo que el Ministerio de Ciencia y Tecnología pondrá los medios técnicos necesarios para controlar su cumplimiento.

Para el control de los niveles de emisión radioeléctrica, además de los certificados previos, los operadores deberán presentar una certificación anual y los servicios de Ciencia y Tecnología programarán planes de inspección. Además se obliga a los operadores a la señalización y vallado de las áreas próximas a las estaciones en las que se superen los límites de protección sanitaria establecidos.


Ayuntamientos que también legislan

Sin embargo, muchos ayuntamientos han aprobado posteriormente más de 440 ordenanzas municipales para limitar el ritmo de instalación de antenas, ante la alarma desatada por la denuncia de cuatro casos de cáncer en niños del Colegio García Quintana de Valladolid y la acusación por parte de sus padres de que las causantes son las instalaciones cercanas.

Según explican las operadoras en un comunicado, a estas ordenanzas se suman los decretos aprobados en comunidades como Castilla-La Mancha, Castilla y León o Cataluña y una ordenanza de la Federación Española de Municipios y Provincias, cuya adopción por los ayuntamientos es optativa.

Esta pluralidad normativa ha hecho que ya haya más de 2.000 antenas apagadas o paralizadas en España (el 15% del total), una cifra que podría aumentar hasta 5.000 en un año, "debido a las pegas urbanísticas que se le ponen a estas instalaciones", según calculan las operadoras de telefonía móvil.

De hecho, durante el primer semestre únicamente se han instalado el 20% de las antenas previstas, mientras que ya casi hay 30 millones de usuarios de telefonía móvil.


Saturación veraniega

Las operadoras creen que esta situación hace cada vez más difícil dar un servicio de calidad, y más en verano, cuando el consumo telefónico se duplica, dado que los usuarios cambian de domicilio habitual y se comunican con el móvil y a que llegan turistas que hacen lo mismo.

De hecho, las operadoras aseguran que ya se detectan problemas de las redes para soportar el tráfico de llamadas en todo el litoral mediterráneo y en la Costa del Sol.

Además, las operadoras, que han completado una medición de 23.000 antenas en toda España, explican que se ha comprobado que su potencia está 1.200 veces por debajo de lo que permite la ley.

En el citado comunicado, las operadoras sostienen que al ritmo actual de despliegue de infraestructuras va a ser imposible cubrir el territorio nacional con la tecnología necesaria para la telefonía móvil de tercera generación (UMTS), con lo que "España corre un grave riesgo de retraso". Agencias
 

 

sábado mayo 24, 2014


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