Las operadoras de telefonía móvil piden
a la Administración que simplifique la regulación relativa a
la instalación de antenas, ya que consideran que la actual
pluralidad de normativas limita el ritmo de colocación y, por
lo tanto, la calidad y garantía de su servicio.
Fuentes de estas compañías explicaron ayer a Efe que, además
del real decreto que existe en España para regular los límites
de exposición a las emisiones radioeléctricas de la telefonía
móvil (aprobado en septiembre del año pasado), hay numerosas
ordenanzas municipales que han creado una "auténtica selva
normativa".
El citado real decreto incluye entre otras medidas la
exigencia de que los operadores presenten certificados de los
niveles de exposición en las áreas cercanas a las
estaciones-base antes de obtener una autorización.
Establece que el Ministerio de Sanidad y Consumo será el
encargado de dictar los límites y pautas sanitarias que deben
aplicarse en la instalación de antenas, al tiempo que el
Ministerio de Ciencia y Tecnología pondrá los medios técnicos
necesarios para controlar su cumplimiento.
Para el control de los niveles de emisión radioeléctrica,
además de los certificados previos, los operadores deberán
presentar una certificación anual y los servicios de Ciencia y
Tecnología programarán planes de inspección. Además se obliga
a los operadores a la señalización y vallado de las áreas
próximas a las estaciones en las que se superen los límites de
protección sanitaria establecidos.
Ayuntamientos que también legislan
Sin embargo, muchos ayuntamientos han aprobado posteriormente
más de 440 ordenanzas municipales para limitar el ritmo de
instalación de antenas, ante la alarma desatada por la
denuncia de cuatro casos de cáncer en niños del Colegio García
Quintana de Valladolid y la acusación por parte de sus padres
de que las causantes son las instalaciones cercanas.
Según explican las operadoras en un comunicado, a estas
ordenanzas se suman los decretos aprobados en comunidades como
Castilla-La Mancha, Castilla y León o Cataluña y una ordenanza
de la Federación Española de Municipios y Provincias, cuya
adopción por los ayuntamientos es optativa.
Esta pluralidad normativa ha hecho que ya haya más de 2.000
antenas apagadas o paralizadas en España (el 15% del total),
una cifra que podría aumentar hasta 5.000 en un año, "debido a
las pegas urbanísticas que se le ponen a estas instalaciones",
según calculan las operadoras de telefonía móvil.
De hecho, durante el primer semestre únicamente se han
instalado el 20% de las antenas previstas, mientras que ya
casi hay 30 millones de usuarios de telefonía móvil.
Saturación veraniega
Las operadoras creen que esta situación hace cada vez más
difícil dar un servicio de calidad, y más en verano, cuando el
consumo telefónico se duplica, dado que los usuarios cambian
de domicilio habitual y se comunican con el móvil y a que
llegan turistas que hacen lo mismo.
De hecho, las operadoras aseguran que ya se detectan problemas
de las redes para soportar el tráfico de llamadas en todo el
litoral mediterráneo y en la Costa del Sol.
Además, las operadoras, que han completado una medición de
23.000 antenas en toda España, explican que se ha comprobado
que su potencia está 1.200 veces por debajo de lo que permite
la ley.
En el citado comunicado, las operadoras sostienen que al ritmo
actual de despliegue de infraestructuras va a ser imposible
cubrir el territorio nacional con la tecnología necesaria para
la telefonía móvil de tercera generación (UMTS), con lo que
"España corre un grave riesgo de retraso". Agencias
sábado mayo 24, 2014 |