La manipulación del teléfono con el objetivo de efectuar llamadas gratuitas también será castigado a través de una modificación que se hará en el Código Penal

El ministro de Justicia, José María Michavila, aseguró ayer que la reincidencia y el ánimo de lucro se considerarán agravantes a la hora de penar los delitos de robo de teléfonos móviles y de su uso mediante la alteración del IMEI, el número de identificación del equipo.

Michavila se refirió así, en declaraciones en los pasillos del Congreso, a la intención del Gobierno de modificar el Código Penal para tipificar el robo de teléfonos móviles en el artículo 286 bis, que supondrá no sólo tipificar la sustracción, sino también su uso mediante la alteración del IMEI.

Además, dijo el ministro, se penalizará "el uso fraudulento de equipos de telecomunicación que permitan al usuario el acceso gratuito en contra de la voluntad del servidor".

Se trataría, continuó el titular de Justicia, de establecer "un tipo penal específico en el Código Penal, el número 286 bis", a fin de "defender los derechos y luchar con más eficacia" contra este tipo de delitos.

Según Michavila, el robo del teléfono móvil "se ha convertido en una nueva forma de delito y el Código Penal tiene que hacer frente a las nuevas formas de delitos", por lo que el Gobierno está trabajando en dos líneas: la disuasión y la sanción.

Dentro de la tipificación de ese delito se ha previsto considerar como agravante y, por tanto, imponer una mayor pena, cuando se cometa de manera sistemática y organizada, así como cuando se realice con ánimo de lucro.

"Quienes convierten en su profesión el uso fraudulento de las nuevas tecnologías deben merecer una sanción o pena mucho más contundente y más grave que quien lo realiza de forma esporádica", puntualizó el ministro.

Recordó que en la actualidad sólo está tipificado el robo por el valor material del aparato, pero "no el valor de su uso ni la posterior utilización fraudulenta", y añadió que con la modificación del Código Penal "se protege de manera más clara las libertades de las nuevas tecnologías en beneficio de los consumidores y usuarios".

El ministro no concretó qué pena se impondrá, ya que se está estudiando, pero recalcó que la que se establezca deberá ser eficaz, disuasoria y armónica con el sistema de penas del Código Penal. No se descarta, en este sentido, penas de cárcel para aquellos reincidentes o quienes tengan montado un negocio a gran escala de venta y manipulación de aparatos robados.