Medios electrónicos de todo el mundo y asociaciones de 'cíberderechos' se solidarizan con los webs españoles

Agencias - La entrada en vigor el pasado 12 de octubre de la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico (LSSI) ha motivado que más de trescientos webs hayan cesado su actividad, la mayoría de forma preventiva para evitar multas, a la espera de retomar sus contenidos habituales cuando constaten la aplicación práctica de una norma que ha creado cierta controversia en la Red 'española'.

Según la información de la revista de seguridad informática 'Kriptópolis' --que cesó su actividad el pasado 1 de octubre--, en los últimos semanas no menos de trecientos webs han dejado de ofrecer sus páginas habituales, limitándose a ofrecer un texto de protesta en la portada, aunque algunos dominios directamente permanecen inaccesibles.

La campaña ha trascendido a publicaciones electrónicas de Estados Unidos, Alemania, Reino Unido, Francia, Italia, Portugal y Uruguay, donde apelativos como "censura" e "inquisición" se han convertido en habituales para referirse a la comúnmente conocida como 'Ley de Internet'.

Además, la organización internacional de 'ciberderechos' Global Internet Liberty Campaing (GILC) se ha referido en su último boletín a las "fuertes críticas" que la LSSI ha levantado por su "impacto sobre la libertad de expresión en Internet", opinión avalada por "numerosos expertos", que la ven como una "grave amenaza".

GILC, que se solidariza con los críticos de la norma, cita al responsable de 'Kriptópolis', José Manuel Gómez cuando asevera que el objetivo de la LSSI es "controlar los contenidos web y forzar a los editores a la auto-censura".

Entre los afectados no sólo están webs beligerantes con la LSSI como el propio 'Kriptópolis', sino que también se han acogido a idéntica medida numerosos webs personales de grupos de fans, otros que contienen información sobre ciudades o creados por aficionados a distintas prácticas deportivas, todos ellos preocupados por que al contar con 'banners' para su financiación, la LSSI los considera de carácter comercial o que persiguen un fin comercial.

De este modo, la norma estipula que el incumplimiento de ofrecer en los webs --entre otros aspectos-- información sobre el nombre y domicilio de sus responsables "de forma permanente, fácil, directa y gratuita" podría conllevar una multa de hasta 150.000 euros, cifra que los usuarios aseguran no poder pagar, por lo que han optado por el cierre como medida de protesta.

TRANQUILIDAD

Sin embargo, tanto el ministro de Ciencia y Tecnología, Josep Piqué, como el secretario de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, Carlos López Blanco, han reiterado en las últimas semanas que el Gobierno clarificará "enseguida" la interpretación de la LSSI para disipar "todas las dudas", y que la aplicación de la norma se regirá por el "principio de la flexibilidad y el sentido común".

A grandes rasgos, la LSSI afecta a los proveedores de servicios de la Sociedad de la Información radicados en España y cuyas actividades tengan una finalidad económica. Además de regular también los juegos de azar 'online', la ley equipara la validez de los contratos celebrados por vía electrónica a los realizados en la vida real, refuerza la protección frente a los correos electrónicos no solicitados ('spam'), establece sanciones de hasta 600.000 euros para las infracciones consideradas muy graves y obliga a los ISP a retener los datos de navegación de los usuarios durante un año.




 

sábado mayo 24, 2014