Las nuevas normativas que están imponiendo las administraciones pueden clausurar 7000 de las 30.000 antenas existentes en el país.


Angel Cortés - En julio de este año, las operadoras españolas de Telefonía móvil daban cuenta del fin de la campaña de revisión de antenas, de los resultados de estas mediciones se deducían dos importantes conclusiones: la primera que son seguras y la segunda que cumplían ampliamente la legislación de salud sobre los campos electromagnéticos.

Sin embargo esta campaña que reviso 23.000 antenas de las 30.000 existentes en el país no convenció a los grupos opositores que tras el extraño caso sucedido en Valladolid han llevado a cabo todo tipo de movilizaciones pidiendo la paralización y el cierre de muchas de las instalaciones existentes.

El pánico y una clara manipulación de la información por parte de organizaciones sin apenas peso social levantaron un movimiento de opinión que miraba con lupa las antenas móviles, acusándolas de todos los daños a la salud que se pudiera imaginar. No fue difícil que ante tal situación que las instituciones locales y autonómicas revisaran sus políticas de licencias y endurecieran las condiciones para la obtención de licencias.

Hoy España se esta quedando a ciegas. La cobertura, tanto geográfica como de población, del 99% ya no es del todo cierta. Unas 10.000 antenas (es decir una tercera parte de las existentes) se encuentran sometidas a procesos judiciales o administrativos, la mayoría de ellas promovidas por los Ayuntamientos. De estas, 2000 se encuentran ya paralizadas y 5000 están ya amenazadas directamente.

Las propias operadoras alertan que unos 500 municipios en todas España, incluidas capitales de provincia como Lugo, Orense, Córdoba y Toledo están apretando fuertemente las tuercas, provocando, que si finalmente se aprueban las normativas que están impulsando, graves problemas de cobertura.

Mal momento

Cada antena móvil soporta un numero determinado de llameas y tiene un alcance limitado. Las operadoras han invertido unos 12.000 millones de euros en el tendido de la red existente que ha permitido alcanzar el 99% de cobertura. Llegar al 100% significaría unas 9.000 antenas (3000 por cada operador) inversión difícil tanto por la situación económica que viven los operadores como por las dificultades que se encuentran a la hora de instalar nuevas redes en las localidades.

Aunque la red se construyo con un panorama de crecimiento, en los últimos años la inversión ha sido inferior a la proyectada, mientras que el número de usuarios se ha duplicado, lo que provoca en ciertas zonas algunas dificultades en la cobertura.

Además la llegada del GPRS puede dificultar aún más la sensación que se vive en algunas localidades de perdida de cobertura. Cada llamada de datos es semejante a cuatro de voz, lo que puede producir un mayor colapso en las redes ya saturadas de algunas poblaciones.


Primero es la salud y el respeto al medio ambiente

Los Ayuntamientos y Comunidades autónomas se defienden de las acusaciones de la que son objeto por parte de las operadoras afirmando que primero es la salud de sus ciudadanos y el respeto al medio ambiente.

Sin embargo no siempre se entiende que algunas exigencias superan en creces los mínimos aplicados en España y recogidos en el Real Decreto 1066/2001 del Ministerio de Ciencia y Tecnología. Como es el caso de la Comunidad autónoma de Castilla La Mancha, que exige de las antenas emisiones 4000 veces por debajo del mínimo actual.

Si son lógicos otros requisitos, como que se compartan emplazamientos, en las zonas rusticas, lo que reduciría el impacto medioambiental.

Otras solicitudes ya muy de moda en algunas zonas tienen más relación con aspectos estéticos que su impacto real en la salud o en la ecología y responden a exigencias que no tienen en ocasiones ninguna lógica.

Si estas reivindicaciones son lógicas, también lo son que España siga manteniendo una posición de vanguardia en las comunicaciones y que hoy la telefonía móvil ya no es un lujo al alcance de unos pocos, sino el medio por el que han optado 30 millones de españoles para comunicarse.

Y la función de la administración debe ser velar para que ambas exigencias: el acceso universal a las comunicaciones y la protección del derecho a la salud de los ciudadanos se cumplan por igual.


 

La Escala se queda sin antenas El ayuntamiento del pueblo turístico de "La Escala" en el Corazón de la Costa Brava ha decidido cerrar todas las antenas móviles existentes en la población por falta de "licencia de actividades". Telefónica ha sido la primera operadora que se quedo sin cobertura en el centro de la localidad tras clausurar el consistorio la antena. Después le llego el turno a Vodafone y a Retevision. Y el ayuntamiento ya ha informado que se iran clausurando todas las antenas si los operadoras no consiguen la licencia de actividades. Para ello las compañías han de ajustar sus parámetros a las normas medioambientales y urbanísticas. Quart de Poblet pierde el 50% de sus antenas Un caso semejante se esta viviendo en la población de Quart de Poblet, en la provincia de Castellón. 6 antenas daban cobertura a una población de 23.000 habitantes, aunque la decisión del ayuntamiento de clausurar tres de ellas dejo "ciega" a gran parte de la localidad. Movistar, la operadora con mayor número de usuarios en toda España, no tiene ninguna antena que de cobertura al centro de la población. Hoy los vecinos de esta localidad se quejan de falta de cobertura, aunque parece que los problemas no cesaran ya que este Ayuntamiento como muchos otros están dispuestos a imponer las distintas normativas existentes que dificultan enormemente la implantación de nuevas antenas y la conservación de las actuales.

sábado mayo 24, 2014