La primera denuncia en España por intromisión en el correo electrónico de un
trabajador acaba archivándose
La titular del Juzgado de lo Penal número 2 de Barcelona ha absuelto a los
directivos de Deutsche Bank Juan Cruz Alcalde, José Antonio Soler y Albert
Faulin Berned de un delito continuado de "descubrimiento y revelación de
secretos" al interceptar 'e-mails' personales del entonces empleado de la
entidad bancaria Gregorio Giménez.
Este caso era la primera denuncia en España por intromisión en el correo
electrónico de un trabajador. La juez dictó la sentencia 'in voce', es decir, en
la misma sala de vistas, después de que el abogado del empleado retirara la
acusación. Dado que la Fiscalía no acusaba, la juez decidió absolver a los
directivos.
Sin embargo, según explicaron fuentes jurídicas a Europa Press, el trabajador ha
percibido una cantidad económica compensatoria de entre 100.000 y 200.000 euros
que fue negociada hace unos días entre los representantes legales de la entidad
y el denunciante.
Las citadas fuentes señalaron que uno de los acuerdos alcanzados por las dos
partes es la no revelación de la cantidad percibida por el trabajador, quien,
además, ha retirado un recurso que tenía presentado ante el Tribunal
Constitucional por la misma causa, aunque por vía laboral.
Inicialmente, la acusación particular, representada por el abogado Carlos
Sánchez Almeida, pedía la imposición de cinco años de cárcel a los acusados por
"vulnerar el derecho de la inviolabilidad de comunicaciones" de su cliente y
reclamaba 200.000 euros de indemnización. Por la vía laboral, en caso de
anularse el despido hubiera cobrado unos 100.000 euros.
LIBERTAD SINDICAL
Los hechos acontecieron después de que el denunciante fuese despedido de la
entidad bancaria. Los acusados Juan Cruz Alcalde y José Antonio Soler,
directores de Recursos Humanos y de Relaciones Laborales, acordaron el despido
del afectado en noviembre de 1999, hecho por el que el Sindicato de Empleados
del Grupo Deutsche Bank les acusó de un delito contra la libertad sindical por
el que se siguieron diligencias ante el Juzgado de Instrucción 21 de Barcelona.
Dado que el despedido no había sido sancionado en los 28 años en los que trabajó
en Deutsche Bank, los dos directivos anteriormente citados "decieron
interceptar su correo electrónico" --según señalaba el escrito de acusación del
trabajador--, con el fin de "obtener pruebas con las que sustentar un eventual
despido disciplinario".
A tal efecto, encomendaron al director de Seguridad Lógica de la Entidad
Deutsche Bank, Albert Faulín Berned, tercer imputado en la causa que ha sido
archivada, "el acceso, bloqueo y copiado" de los 'e-mails' "enviados" por
Giménez, aunque también interceptó los recibidos por el afectado.
De este modo, los acusados leyeron los citados correos sin contar con el
consentimiento previo de Giménez, ni de los emisores y destinatarios de éstos,
que vieron también vulnerado, según consideró la juez que investigó el caso, su
derecho a la inviolabilidad de las comunicaciones.
JUICIO ORAL
Tras recibir la denuncia del trabajador contra la dirección de la entidad
bancaria, el Juzgado de Instrucción número 2 de Barcelona acordó que se
celebrara el juicio, pese a que la Fiscalía solicitó el archivo de las
actuaciones.
La juez consideró que la orden emitida por los directivos del banco de
"acceso, bloqueo y copiado" de los correos remitidos por su trabajador
Gregorio Giménez presentaba "caracteres del tipo penal", en cuanto que
vulneran el derecho fundamental de cualquier persona al secreto de sus
comunicaciones, recogido en la Constitución (artículo 197 del Código Penal).
La juez instructora señalaba que, para poner fin al envío de correos por parte
del empleado en horario laboral, hubiera bastado con bloquear su servicio de
correo electrónico, sin acceder al contenido del mismo.
El juicio no llegó a celebrarse ayer lunes, pero el trabajador ha cobrado una
"importante" cantidad de dinero por estos hechos, según fuentes jurídicas, que
explicaron que por la vía laboral hubiera tenido que cobrar en caso de anularse
su despido unos 100.000 euros, y por la vía penal reclamó 200.000.
sábado mayo 24, 2014 |