La plataforma televisiva por satélite ofrecía "un año gratis de los mejores canales", cuando se trataba simplemente de un descuento

La Dirección General de Consumo de la Comunidad de Madrid ha multado con 18.030 euros a Vía Digital a raíz de una denuncia presentada por la Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Andalucía (FACUA) por publicidad engañosa.

Según explicó ayer FACUA, en diciembre de 2000, denunció ante diversos organismos una campaña publicitaria en la que dicha plataforma ofrecía "un año gratis de los mejores canales", induciendo a los consumidores a creer que ofrecía toda su programación de forma gratuita cuando en realidad se trataba de un simple descuento al contratar una opción con tres paquetes de canales.

La oferta, denominada Opción Supervía, no sólo no era gratuita, sino que para acogerse a ella el usuario debía pagar una mensualidad de 3 euros, más cara que el Paquete Básico. En concreto, consistía en tres paquetes de canales al precio de 25,24 euros mensuales, unos 13,22 euros menos que si el usuario los contratara todos por separado. Asimismo, debía abonar 90,15 euros por el alta en el servicio.

Sanción baja

Aunque la Federación de Consumidores celebra la resolución de la Dirección General de Consumo madrileña, lamenta la baja cuantía de la sanción y que haya tardado más de un año y medio en pronunciarse desde la presentación de la demanda.

Asimismo, critica la falta de implicación en el proceso del Ministerio de Ciencia y Tecnología, "a quien le compete el control de la publicidad televisiva", y de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT) que, según FACUA, únicamente se limitó a indicar que el caso debía "ser analizado por los tribunales" ya que los hechos denunciados no eran "susceptibles de distorsionar de manera sensible la libre competencia" y este organismo se declara al margen de la protección de los consumidores.

Desde la entidad andaluza solicitan a las administraciones competentes que actúen con mayor celeridad y contundencia ante este tipo de irregularidades, ya que de lo contrario cometerlas resulta más que rentable para los anunciantes, dado que sus campañas no son paralizadas y las sanciones apenas les afectan económicamente si se tiene en cuenta que no resultan en absoluto proporcionales a los perjuicios causados a los consumidores.