Una de cada diez grandes compañías españolas ha sancionado a algún trabajador por hacer un uso incorrecto del correo electrónico o Internet, y algo menos del tres por ciento ha llegado a despedir a alguno por este motivo, según un estudio realizado por el centro de ingestigación de la escuela de negocios IESE y la auditoría PricewaterhouseCoopers, 'e-Business Center PwC&IESE'.

Agencias - Esta proporción resulta aún mayor al estudiar las empresas que sí tienen medidas de supervisión de estas herramientas, una de cada cinco, que sancionan por este motivo a entre uno y cinco trabajadores. Además, hay que apuntar que los despidos tienen lugar únicamente entre las empresas que tienen normas escritas de Internet y correo electrónico.

El 'Estudio sobre políticas, hábitos de uso y control de Internet y correo electrónico en las principales empresas españolas', presentado hoy en Madrid, revela que más de cuatro de cada diez compañías supervisa la navegación de sus empleados, cifra que se eleva con el tamaño de las sociedades --hasta el 87 por ciento en el caso de las empresas de mayor facturación--.

Las empresas están adoptando medidas de seguridad informática para reducir el riesgo de sanciones administrativas y perjuicios económicos debido a las obligaciones de la normativa sobre protección de datos; las exigencias de la 'Ley de Internet' y legislación comunitaria sobre correos electrónicos no solicitados; la progresiva difusión de virus y contenidos perjudiciales a través del 'e-mail'; y el uso excesivo de estos recursos para fines personales.

NORMAS INTERNAS

A falta de una norma precisa que defina cómo pueden limitarse la comunicaciones electrónicas dentro de las empresas, las grandes compañías españolas están basando el control del uso que sus empleados hacen de Internet y del correo electrónico corporativos en normas internas.

Pese a que el 67 y 69 por ciento de las sociedades limitan el uso de estas herramientas, respectivamente, sólo cuatro de cada diez cuenta con políticas sobre Internet, y algo menos de la mitad las aplica sobre el correo electrónico, justificadas, mayoritariamente, por razones de productividad y consideraciones éticas.

Así, sólo el doce por ciento de las mayores empresas españolas permite un uso libre de Internet, mientras que la mayor parte opta por restringir parcialmente el uso que sus empleados hacen de la Red con los medios de la empresa (32 por ciento). Finalmente, el 37 por ciento de las compañías limita el uso de Internet a fines totalmente profesionales.

"CONTROL Y CONFIANZA"

El responsable del estudio, Joan Fontrodona, destacó el conflicto que se produce entre "control y confianza", entre las empresas que tienen el derecho a saber cómo se utilizan sus recursos en el ámbito laboral, pero que no pueden ir en detrimento de los derechos de sus trabajadores.

En cualquier caso, las empresas diferencian claramente entre el uso de Internet y el correo electrónico, puesto que mientras que el 45 por ciento sí controla el uso que sus empleados hacen de la Red, sólo la mitad (24 por ciento) supervisan el 'e-mail'.

La explicación a este fenómeno hay que buscarla, además de en la mayor facilidad técnica de la supervisión de Internet, en la perspectiva legal, puesto que la supervisión de la navegación se viene asimilando --ante la ausencia de una regulación específica-- con el control de los números de teléfono desde el trabajo, algo que no requiere ningún tipo de notificación previa si no se entra en el contenido de las llamadas, apunta el estudio.

En cambio, el control del correo electrónico suele ser equiparado con la inspección de taquillas en los vestuarios de la empresa, por lo que, para que sean lícitos, se deben cumplir tres requisitos: notificación previa o normativa interna advirtiendo de la posibilidad de realizar controles; participación de los representantes de los trabajadores en la aprobación de dicha normativa; y respuesta a una causa justificada.

POLÍTICAS ESCRITAS

Sin embargo, la primera condición no se cumple o desconoce en la mayoría de empresas españolas, puesto que menos de la mitad cuenta con políticas escritas al respecto (39 por ciento en el caso de Internet y 47 por ciento para el 'e-mail'). En estas circunstancias, si una compañía realiza un control del 'e-mail' puede vulnerar el derecho a la intimidad en las comunicaciones del trabajador investigado, añade el estudio.

El socio de Landwell-PwC Javier Ribas apuntó que el correo electrónico e Internet se han convertido en "fisuras" para la seguridad de la empresa, y que algunas fugas de datos pueden afectar a su "propia supervivencia". Además, la empresa tendrá responsabilidad civil por su empleado, aunque la penal le corresponda exclusivamente a este último, explicó.

Aunque los autores del estudio advirtieron sobre las respuestas a los usos de estas herramientas, cuatro de cada diez empleados nunca utiliza el correo electrónico e Internet con fines personales. En cambio, existe un trece por ciento de los empleados que utilizan, al menos, una hora diaria de estas aplicaciones con esas finalidad, siendo los usos más frecuentes los servicios de noticias, los financieros y la búsqueda de informática.