Ni Generalitat de Catalunya ni UNI-2 alcanzaron acuerdo en la junta de accionistas de ayer que permite asegurar la continuidad de la operadora.

Agencias y Redacción - Al-Pi, es una operadora de telecomunicaciones radicada en Cataluña fruto de la venta a UNI-2 , a través de un concurso publico, del antiguo "Centro de Telecomunicaciones del Gobierno Autónomo" por 78 millones de euros, en pleno boom del sector.

A través de esa venta se constituyo esta nueva operadora, participada en un 75% por UNI-2 (France Telecom) y un 25% en manos del Gobierno Autónomo.

La crisis del mercado y la ralentización de las inversiones en el sector de las telecomunicaciones llevaron a la empresa a no poder afrontar los compromisos adquiridos tras su privatización, así como a un incremento de su deuda hasta alcanzar los 115 millones de euros, lo que pone en serio peligro su continuidad.

En las últimas semanas han sido noticia los rumores que apuntaban a una liquidación de la compañía o una posible compra de esta por parte de la Generalitat. Sin embargo, cualquier decisión definitiva quedaba a la espera de la reunión de la junta de accionistas que debía realizarse ayer, como así fue... aunque al no llegar ningún acuerdo estos decidieron continuarla durante el día de hoy.

La Generalitat quiere hacerse con el 100%

Tres propuestas fueron las que ayer se barajaron y cuya resolución quedo pendiente, tras 12 horas de junta, para hoy: La venta a la Generalitat, que UNI2 compre la participación del Gobierno autónomo o una hipotética ampliación de capital que sirva de puente hasta una resolución de la crisis.

La Generalitat, a través del secretario de la Sociedad de la Información, Jordi Alvinyá, estuvo negociando todo el día de ayer para intentar cerrar un acuerdo que pasaría por comprar a Uni2 su 75% de Al-pi por un precio que oscilaría entre los 45 y los 50 millones de euros, siempre que Uni2 asuma su parte de la deuda de Al-pi, es decir el 75% de los 115 millones de euros.

El objetivo de la Generalitat, según las fuentes consultadas, seria traspasar este paquete a Auna, interesada la infraestructura y contratos que esta compañía posee para integrarla a su red de telefonía fija y cable.

Uni2, empresa que controla France Telecom, se niega a aceptar la oferta, entre otras razones porque esta es inferior al precio que pago en su momento para hacerse con la compañía, lo que generaría importantes minusvalías a los franceses.

Uni2 por su parte preferiría comprar el 25% que la Generalitat tiene en Al-pi, pero la administración catalana no está dispuesta a ello y cuenta con la fuerza de los avales pendientes para garantizar inversiones de Uni2 y que podría ejecutar en caso de desacuerdo.

Tampoco hay pacto sobre cómo afrontar la ampliación de capital, ya que la Generalitat pretende que ambas partes de prioridad a las aportaciones en metálico, mientras que el grupo galo se quiere limitar a capitalizar deuda.

Así la Generalitat propone reducir primero el capital a cero para cubrir pérdidas y luego ampliar el mismo en 84 millones (63 millones el grupo francés y 21 millones la Generalitat), parte capitalizando las deudas que los dos accionistas mantienen con la compañía y otra parte en metálico (8 millones la Generalitat y 24 millones Uni2).

La Generalitat quiere que estos fondos no se destinen a pagar deuda sino a financiar las inversiones de la empresa en desplegar red en Cataluña.

Uni2 por su parte propone que la empresa apruebe una ampliación de capital de 50 millones de euros (13 por la Generalitat y 39 por el grupo francés), convirtiendo deuda en capital.

Lo que esta claro es que si no hay acuerdo y se inyecta dinero de una manera u otra, "alpi" puede cerrar sus puertas, perdiendo entonces todas las partes el dinero invertido, situación a la que nadie quiere llegar