El organismo regulador del Mercado de las Telecomunicaciones estadounidense pone en marcha las primeras medidas para regular el spam telefónico.

Angel Cortés -Los habitantes de este país serán los primeros del mundo que podrán protegerse contra el acoso publicitario a través de las líneas telefónicas. A mediados de este mes, la FTC puso en marcha la lista nacional 'no llamar' ('do-not-call') que evitará recibir llamadas comerciales anunciando productos y servicios durante 5 años.

Sin embargo, una pequeña "cláusula" sigue permitiendo el spam a todos aquellos consumidores que hayan comprado o alquilado algún producto en los últimos 18 meses, aunque solo podrán recibir ofertas de estos sitios.

Los consumidores hartos

El spam telefónico es un verdadero acoso, según representantes de consumidores estadounidenses, hartos de recibir decenas de llamadas ofreciendo todo tipo de productos. Un consumidor medio recibe de dos a tres llamadas diarias, provocando un rechazo entre el 97% de la población.

Un buen negocio

No obstante el marketing directo telefónico es un buen negocio para las compañías de servicios y las operadoras. Según datos del sector, este realiza un promedio de 18 millones de llamadas diarias, lo que representa 5500 millones de conexiones al año.

El sector emplea directa o indirectamente a 4 millones de trabajadores, sumando los empleados de las operadoras vinculados a estas operaciones, y que reportan pingues beneficios.

El sector protesta

Según consta en la resolución de la FTC, las compañías de telemarketing deberán comprobar cada tres meses su base de datos con la recogida por el organismo, dando de baja aquellos consumidores que se hayan inscrito. El incumplimiento de estas medidas supondrá una multa de 11.000 dólares.

Además, la puesta en marcha de la lista y su mantenimiento (con un coste aproximado de 16 millones de ólares) será sufragado por las compañías de telemarketing.

Louis Mastria, representante de la asociación de marketing directo, elevo sus protestas contra esta orden, afirmando que interpondrán un recurso ante los tribunales para su anulación. Según este, la "lista" pone en peligro la continuidad del sector y los puestos de trabajo generados.