La industria multimedia española esta harta de que sus producciones sean
masivamente pirateadas en la red y que este hecho incida en sus ventas. El
intercambio de ficheros, a través de las populares redes P2P (Kazaa, emule,
eDonkey, Morpheus) no solo perjudica a las grandes majors de la industria del
entretenimiento, sino también, explican, a las pequeñas empresas españolas.
Discos de "La Oreja", "Sabina" o el CD de Beth, la representante española en el
pasado concurso de eurovisión, encabezan los rankings de la descarga ilegal de
titulos a través de estas redes.
En España existen, según la firma de abogados Landwell-PWC unos 95.000 usuarios
de estos sistemas, aunque son 4.000 los más activos. Durante la primera mitad de
este año se calcula que el número de descargas han superado ya los 25 millones,
aunque algunos, aquellos a los que se dirige la denuncia, mueven unos 10 GB de
datos al mes, es decir el equivalente a 30 películas, 300 canciones o 20
programas informáticos.
La denuncia que hoy presentarán ante la Brigada de Investigación Tecnológica
(BIT) del Cuerpo Nacional de Policía se dirige precisamente contra estos, los
más activos y que llenan la red de las últimas novedades. Un perfecto señuelo
para que nuevos usuarios se apunten al intercambio, seducidos por la posibilidad
de conseguir las últimas novedades sin pagar un euro.
Además de la denuncia, las compañías solicitarán la autorización judicial
correspondiente para "utilizar un programa que permita identificar a los
usuarios, que ofrecen y descargan ficheros ilegalmente", según explicó a Javier
Ribas, socio del despacho de abogados Landwell-PricewaterhouseCoopers (PwC) que
se ha encargado de la operación
Durante seis meses, investigadores contratados por la firma de abogados
especializados en propiedad intelectual, han investigado todo lo que se cocía en
esas redes, lo que ha permitido "conocer el origen y el destino de cualquier
fichero descargado mediante las plataformas P2P" y por supuesto a los usuarios
españoles que intercambian o descargan ficheros a través de ellos.
Las compañías multimedia y la firma de abogados lo tienen claro. Descargar
material de Internet, sean películas, discos, juegos o programas, protegidos por
la propiedad intelectual es un delito tipificado por el Código Penal y como tal
ha de perseguirse.
En busca del usuario
Explican que hasta el momento, la mayoría de acciones han ido dirigidas hacía
aquellos que colocaban en sitios Web programas ilegales para su descarga, aunque
con el uso extensivo de las redes P2P la situación ha cambiado. Las plataformas
P2P permiten localizar los ficheros que ofrecen otros usuarios, además de poner
a disposición los propios para la descarga. Es decir los integrantes de estas
redes se convierten en actores activos, tanto al descargar como al ofrecer a los
otros usuarios sus propios titulos como aquellos que han bajado de otros
lugares.
La SGAE y los grandes a la expectativa
La acción que hoy emprenderán estas 32 empresas no cuenta con el apoyo, por el
momento, de la SGAE, AFYVE y los grandes de la industria. Estas prefieren
perseguir a los promotores de la piratería más que a los usuarios activos de las
redes, aunque la Asociación Discográfica estadounidense (RIAA) y ha iniciado en
ese país algunas acciones aisladas contra los más activos en el intercambio.