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Denunciaran a 4000 usuarios españoles por descargas ilegales de música, películas y vídeos

Un total de 32 empresas españolas de 'software' presentarán hoy viernes una denuncia ante la Brigada de Investigación Tecnológica (BIT) del Cuerpo Nacional de Policía contra los 4.000 usuarios más activos en el intercambio de ficheros, que solamente en el último mes han movido más de 10 GB de material, es decir el equivalente a 30 películas, 300 canciones o 20 programas informáticos.


La industria multimedia española esta harta de que sus producciones sean masivamente pirateadas en la red y que este hecho incida en sus ventas. El intercambio de ficheros, a través de las populares redes P2P (Kazaa, emule, eDonkey, Morpheus) no solo perjudica a las grandes majors de la industria del entretenimiento, sino también, explican, a las pequeñas empresas españolas. Discos de "La Oreja", "Sabina" o el CD de Beth, la representante española en el pasado concurso de eurovisión, encabezan los rankings de la descarga ilegal de titulos a través de estas redes.

En España existen, según la firma de abogados Landwell-PWC unos 95.000 usuarios de estos sistemas, aunque son 4.000 los más activos. Durante la primera mitad de este año se calcula que el número de descargas han superado ya los 25 millones, aunque algunos, aquellos a los que se dirige la denuncia, mueven unos 10 GB de datos al mes, es decir el equivalente a 30 películas, 300 canciones o 20 programas informáticos.

La denuncia que hoy presentarán ante la Brigada de Investigación Tecnológica (BIT) del Cuerpo Nacional de Policía se dirige precisamente contra estos, los más activos y que llenan la red de las últimas novedades. Un perfecto señuelo para que nuevos usuarios se apunten al intercambio, seducidos por la posibilidad de conseguir las últimas novedades sin pagar un euro.

Además de la denuncia, las compañías solicitarán la autorización judicial correspondiente para "utilizar un programa que permita identificar a los usuarios, que ofrecen y descargan ficheros ilegalmente", según explicó a Javier Ribas, socio del despacho de abogados Landwell-PricewaterhouseCoopers (PwC) que se ha encargado de la operación

Durante seis meses, investigadores contratados por la firma de abogados especializados en propiedad intelectual, han investigado todo lo que se cocía en esas redes, lo que ha permitido "conocer el origen y el destino de cualquier fichero descargado mediante las plataformas P2P" y por supuesto a los usuarios españoles que intercambian o descargan ficheros a través de ellos.

Las compañías multimedia y la firma de abogados lo tienen claro. Descargar material de Internet, sean películas, discos, juegos o programas, protegidos por la propiedad intelectual es un delito tipificado por el Código Penal y como tal ha de perseguirse.

En busca del usuario

Explican que hasta el momento, la mayoría de acciones han ido dirigidas hacía aquellos que colocaban en sitios Web programas ilegales para su descarga, aunque con el uso extensivo de las redes P2P la situación ha cambiado. Las plataformas P2P permiten localizar los ficheros que ofrecen otros usuarios, además de poner a disposición los propios para la descarga. Es decir los integrantes de estas redes se convierten en actores activos, tanto al descargar como al ofrecer a los otros usuarios sus propios titulos como aquellos que han bajado de otros lugares.

La SGAE y los grandes a la expectativa

La acción que hoy emprenderán estas 32 empresas no cuenta con el apoyo, por el momento, de la SGAE, AFYVE y los grandes de la industria. Estas prefieren perseguir a los promotores de la piratería más que a los usuarios activos de las redes, aunque la Asociación Discográfica estadounidense (RIAA) y ha iniciado en ese país algunas acciones aisladas contra los más activos en el intercambio.
 


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domingo, 25 mayo 2014

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