El número de empresas españolas de 'software' integradas en una denuncia común contra 95.000 usuarios españoles de redes de intercambio de ficheros en Internet (conocidas como P2P), acusados de reproducir y distribuir ilegalmente 'software' profesional, se ha elevado a 38, informó hoy a Europa Press Javier Ribas, socio del despacho de abogados Landwell-PricewaterhouseCoopers (PwC), que se ha encargado de la operación.

Ya ha sido presentada la demanda ante la Brigada de Investigación Tecnológica (BIT) del Cuerpo Nacional de Policía, que inicialmente comprendía a 32 empresas. Desde que el jueves pasado se hizo pública la decisión, más empresas decidieron sumarse a la denuncia, e incluso en los próximos días se espera que su número aumente, según apuntó Ribas.

No obstante, "todavía" no se quiere dar traslado a los jueces debido a esta circunstancia, así como a que el despacho de abogados esté levantando acta notarial de los acontecimientos sucedidos en Internet desde que la decisión se hizo pública la semana pasada. "Queremos preparar mucho más la denuncia --explicó--, puesto que estamos recopilando pruebas". Se prevé que esta llegará a los juzgados durante el mes de septiembre

AMENAZAS

"Estamos recibiendo amenazas directas e incluso nos están lanzando ataques y bloqueos a nuestro sitio web", comentó Ribas. Este es uno de los motivos por los que todavía no se quiere dar a conocer el nombre de las compañías denunciantes, para evitar que se tomen represalias.

Ribas se mostró especialmente crítico con la Asociación de Internautas (AI), la cual calificó al bufete de abogados de "aprendices de nazis" y de interponer una denuncia "de estilo Gestapo" dirigida "únicamente a intentar asustar" a los usuarios de Internet.

ESPIONAJE

No obstante, desde el bufete se afirma que no se ha llevado a cabo ningún espionaje, sino que se han introducido como usuarios anónimos de programas tan populares como 'Kazaa' o 'Morpheus' para ver las actividades de los internautas españoles y que tan sólo disponen de sus alias ('nicknames').

"No ha habido ningún contacto con los proveedores de Internet y no disponemos de ninguna identidad puesto que para ello sería preciso una orden judicial", aclara Ribas. Por contra, explica que elaboraron una lista específica de productos españoles que fueran descargables hasta cerrar una lista de casi cien mil usuarios.

Desde que se anunció la demanda, la acusación ha estado tomando nota de los foros de usuarios de P2P, puesto que, según Ribas, de ello se desprende que los internautas "saben que es una actividad ilícita". De hecho, asegura que el programa ofrecido por la AI, "aunque es muy fácil burlarlo", supone bloquear investigaciones. "Cuando alguien intenta obstaculizar la labor judicial es porque tiene algo que ocultar", insinuó Ribas.

Según Landwell-PwC, los 95.000 usuarios denunciados han realizado cerca de 25 millones de descargas durante la primera mitad del año, lo que ha supuesto un perjuicio económico para las compañías denunciantes de 85 millones de euros. La denuncia se centrará, en cualquier caso, en los cuatro mil internautas que descargaron más de cien ficheros.

DE 200 EN 200

El bufete, que calcula que la demanda no arrancará hasta el mes de septiembre, intentará que la actuacióhn procesal sea "prudente", de forma que se dirigirá "primero contra los doscientos usuarios que han incidido más en esta práctica, después contra otros doscientos y así sucesivamente. Sabemos que podemos estar diez años así", aclaró, no obstante, Ribas.

Las plataformas P2P permiten a un usuario sin conocimientos avanzados en Internet localizar los ficheros que ofrecen otros usuarios. De esta manera se pueden ofrecer y descargar de forma anónima canciones, películas, videojuegos, fotografías, programas de ordenador y cualquier otro tipo de contenido digital sin pagar por la propiedad intelectual.