"No nos consta que se haya presentado denuncia alguna contra internautas en ninguna de las unidades de la Policía Nacional", señalaron las mismas fuentes del BIT, desmintiendo así el anuncio realizado la pasada semana por un bufete de abogados.

El pasado 22 de julio, el abogado de Landwell-PricewaterhouseCoopers (PwC) Javier Ribas confirmó a Europa Press que su despacho había presentado ya ante la BIT una demanda común de 38 empresas españolas de 'software' contra 95.000 usuarios españoles de redes P2P, acusados de reproducir y distribuir ilegalmente programas informáticos.

Ribas apuntó que, desde que se anunció la presentación de la demanda el pasado 24 de julio, el número de empresas integradas en la demanda había pasado de 32 a 38 e indicó que en los próximos días confiaba en que su número aumentara.

Entonces afirmó que "todavía" no quería dar traslado a los jueces debido a esta circunstancia, así como a que el despacho de abogados estuviera levantando acta notarial de los acontecimientos sucedidos en Internet desde que la decisión se hizo pública la semana pasada. "Queremos preparar mucho más la denuncia --explicó--, puesto que estamos recopilando pruebas".

Por su parte, el presidente de la Asociación de Internautas (AI), Víctor Domingo, dijo hoy a Europa Press, que "todo lo que ha anunciado el bufete de abogados se está viniendo abajo" y criticó la "alarma social" creada en la comunidad de internauta por el anuncio de la demanda.

"Nosotros queremos saber la verdad. Puedo entender que se esté interesado en fomentar debate social en torno a la distribución de contenidos en Internet, pero no criminalizando a 95.000 ciudadanos españoles", señaló Domingo, que no recuerda "haber visto nunca tanta preocupación en la comunidad internauta".

En su opinión, si el anuncio de la demanda "ha sido una cuestión de mercadotecnia, no es demasiado deontológico". Domingo se refirió así al hecho de que la Business Software Alliance (BSA), que representa a las principales empresas de 'software', se haya desmarcado de la demanda, y a que asociaciones como la SGAE y AFYVE tampoco formen parte de la misma, según sus propias consultas.

De hecho, en la última semana Ribas se ha mostrado especialmente crítico con la AI, entre otros motivos por haber ofrecido a la comunidad internauta una herramienta, denominada 'PeerGuardian', que permite "impedir el espionaje" al permitir bloquear todas las direcciones IP solicitadas.

No obstante, desde el bufete siempre se ha afirmado que no se ha llevado a cabo ningún espionaje, sino que se han introducido como usuarios anónimos de las primeras versiones de algunos programas tan populares como 'Kazaa' para ver las actividades de los internautas españoles y que tan sólo disponen de sus alias ('nicknames').

Según Landwell-PwC, los 95.000 usuarios denunciados han realizado cerca de 25 millones de descargas durante la primera mitad del año, lo que ha supuesto un perjuicio económico para las compañías denunciantes de 85 millones de euros. La denuncia se centrará, en cualquier caso, en los cuatro mil internautas que descargaron más de cien ficheros.

El bufete, que calcula que la demanda no arrancará hasta el mes de septiembre, intentará que la actuación procesal sea "prudente", de forma que se dirigirá "primero contra los doscientos usuarios que han incidido más en esta práctica, después contra otros doscientos y así sucesivamente. Sabemos que podemos estar diez años así", ha aclarado, no obstante, Ribas.

Las plataformas P2P permiten a un usuario sin conocimientos avanzados en Internet localizar los ficheros que ofrecen otros usuarios. De esta manera se pueden ofrecer y descargar de forma anónima canciones, películas, videojuegos, fotografías, programas de ordenador y cualquier otro tipo de contenido digital sin pagar por la propiedad intelectual.