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Así lo expusieron en un debate sobre programas electorales en
investigación celebrado en la Facultad de Biología de la Universidad Complutense
de Madrid, portavoces de estos tres partidos: Cándido Reguera (PP), Jaime
Lissavetzki (PSOE) y Héctor Maravall (IU).
Para el diputado socialista Jaime Lissavetzki, la
creación del Ministerio de Ciencia y Tecnología a comienzos de esta legislatura
es un proyecto positivo para el desarrollo de la investigación, pero ha sido
"mal gestionado y, el primer grave error es dejar a las Universidades fuera, ya
que es donde tiene lugar el 60 por ciento de la labor de investigación".
Lissavetzki se mostró a favor de incorporar no sólo las
Universidades al nuevo departamento, sino también la educación preuniversitaria
"para no romper la unidad del sistema educativo".
También para el representante de IU en el debate,
Héctor Maravall, "el Ministerio de Ciencia y Tecnología ha sido incapaz
de hacer una política de impulso a la investigación" y una propuesta para
mejorar su funcionamiento es crear un Ministerio de Ciencia, Tecnología y
Educación.
Por su parte, el diputado del PP, Cándido Reguera
defendió la existencia de un departamento de Ciencia y Tecnología en los
términos actuales y propugnó "un fuerte impulso a la I+D+i" como principal
labor para este Ministerio.
Aseguró que "no es fácil crear un nuevo ministerio" y
reconoció que se han producido "problemas" en los primeros tiempos desde
su creación, pero achacó las dificultades de gestión a "errores propios de
una puesta en marcha".
Indicó que "estamos muy lejos de donde queremos estar,
pero hay una apuesta fuerte por la I+D+i con la creación del Ministerio de
Ciencia y Tecnología y la aprobación del Plan Nacional 2004 a 2007". Agregó
que, en cuanto al funcionamiento del ministerio, desde comienzos del año pasado
"ya hemos pasado a una fase de normalidad" y afirmó que el programa del PP
propone coordinar las Universidades y otros centros de investigación dentro del
sistema de ciencia y tecnología utilizando el marco de una nueva Ley de la
Ciencia.
Esta nueva ley debería ser "fruto del consenso con los
partidos políticos y los agentes sociales y económicos, que servirá para
coordinar a las Universidades y centros de investigación con el Estado y las
Comunidades Autónomas en un marco plurianual
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