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Una de cada cinco familias catalanas es victima de la
contratación fraudulenta de servicios telefónicos (slamming) |
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La Unión de Consumidores de Catalunya (UCC) alertó ayer
sobre el incremento de irregularidades de tipo fraudulento en la contratación de
líneas telefónicas, que podría afectar a entre 36.000 y 53.000 familias
catalanas.
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Agencias - Concretamente, la organización denunció el aumento de
los delitos de estafa y falsificación por parte de las operadoras.
El secretario general de la UCC, José Miguel Sanz, señaló en rueda de prensa que
desde su organización se ha "detectado un aumento muy significativo del
número de reclamaciones en telefonía" durante los últimos años, debido a la
extensión de prácticas como la "falsificación de la firma" del usuario en
el contrato o la "obtención de los datos de forma fraudulenta".
Sanz realizó estas declaraciones durante la presentación de los resultados de
una encuesta realizada por la UCC con el objetivo de identificar el alcance de
las prácticas fraudulentas más habituales en este sector.
Los resultados del estudio señalan que casi un 97 por ciento de los encuestados
ha sido contactado por algún operador, lo que pone de manifiesto la existencia
de una "competencia agresiva" entre operadoras que comporta, en muchas
ocasiones, "consecuencias negativas para el usuario", según afirmó la
coordinadora de la encuesta, Empar Molleda.
Uno de cada cinco usuarios, afectado
Además, Molleda subrayó que el "impacto social de la contratación fraudulenta
oscila entre el 13 y el 22 por ciento", lo que significa que uno de cada
cinco usuarios ha sufrido este intento de fraude, o bien conoce a alguien que se
ha visto afectado.
En el 6 por ciento de los casos encuestados se ha empleado la falsificación de
firmas, mientras que en el 14 por ciento se obtuvieron los datos bancarios de
manera engañosa. A su vez, un 20 por ciento mencionaron la visita de un agente
que no se identificó claramente y el 22 por ciento aseguraron haber firmado
documentos confusos.
Respecto a las operadoras de telefonía, un 36 por ciento de los encuestados
cita a la compañía Uni2, un 30 por ciento a Auna y un 11 por ciento señalan a
Ono.
Frente a este panorama, Sanz acusó al legislador de "estar más preocupado por
regular la lucha de las diferentes operadoras dentro del mercado que de defender
los derechos de los usuarios". Asimismo, denunció la "reducción del número de
Oficinas de Atención al Usuario", que ha dificultado el desarrollo de un
"sistema ágil" de denuncias por parte del consumidor.
"Cautela" de los usuarios
Asimismo, el secretario general de la Unión de Consumidores de Catalunya
aconsejó "cautela" a los usuarios "en la toma de decisiones" ante
un contrato de telefonía.
Por otro lado, según Sanz, en estos últimos seis años de liberalización del
sector los precios de telefonía, lejos de disminuir debido al aumento de la
competencia, han subido, mientras que "tan sólo aquellos servicios menos
utilizados, como las llamadas internacionales, han alcanzado precios más
asequibles".
Ante esta situación, la UCC reclamó el establecimiento de un régimen sancionador
que incluya, por lo menos, indemnizaciones a los usuarios. De todos modos, la
UCC ya interpuso en su momento una demanda ante la Comisión del Mercado de
Telecomunicaciones con el objetivo de luchar contra estas prácticas ilícitas
llevadas a cabo por la empresa Uni-2, demanda que posteriormente fue traspasada
al Ministerio Fiscal. |
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domingo, 25 mayo 2014 |
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