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La que fue calificada por la policía como "la mayor operación
contra la piratería de Europa" llevada a cabo hace justo un año en Barcelona,
Badalona y Esplugues de Llobregat y en la que se incautaron medio millón de CDs
y DVDs vírgenes, además de numeroso material informático, ha acabado con una
querella contra dos altos cargos del Cuerpo Nacional de Policía por un delito de
calumnias.
La querella, presentada esta misma semana en los juzgados y a la
que ha tenido acceso Europa Press, recoge que la policía informó de que se
habían aprehendido medio millón de cedés y DVDs vírgenes "ilegales" que, menos
de tres meses después, fueron devueltos a la empresa propietaria, CD World S.L.,
por la juez que investiga los hechos, la titular del Juzgado de Instrucción
número 2 de Barcelona, al demostrarse su legalidad.
La denuncia también pone de manifiesto que la información divulgada a los medios
de comunicación por parte de la policía respecto a la operación aseguraba que se
habían detenido a 14 personas --diez españoles, un danés, un británico, un sueco
y un cubano-- pertenecientes a diferentes empresas de la distribuidora Grupo CD
World, cuando dichos arrestos no se habían producido.
Los denunciantes, cuatro de las empresas afectadas y sus correspondientes
directivos, tres de las cuales están vinculadas a Grupo CD World: Grupo CD World
S.L., 34T S.L., y PricewinNetworks S.L., reclaman por los "daños y perjuicios
(materiales y morales) que han sido y continúan siendo muy cuantiosos"
causados con la publicación en los medios de comunicación de dichas imputaciones
falsas. La querella también va dirigida contra la Dirección General de la
Policía (Ministerio del Interior de la Administración del Estado) como
responsable civil solidario (o subsidiario).
La empresa en peligro... millones de euros de perjuicio
Según fuentes judiciales consultadas por Europa Press, "podríamos estar
hablando de millones de euros", dado que "no solos se atentó al honor" de
las personas que entonces habían sido supuestamente detenidas sino que también
"se causó graves perjuicios a las empresas implicadas" en su "viabilidad
enconómica, pues el descrédito padecido supuso el cierre del mercado de proveedores,
el cese de créditos bancarios y el rechazo de compras por parte de clientes".
Kim Sorensen, el consejero delegado de CD World, empresa a la que devolvieron
los 500.000 CDs y DVDs incautados, con un valor en el mercado de unos 400.000
euros, aseguró, en declaraciones a Europa Press, que "se han puesto en
peligro cuarenta puestos de trabajo y se ha interrumpido un crecimiento
exponencial de facturación al hacer pública una información que, a fecha de hoy,
se sabe que es falsa".
La incautación de este medio de millón de discos, que la policía aseguró que
eran ilegales y que se ha demostrado que eran "totalmente legales", como dictó
la juez y el fiscal, amén de la propia multinacional Philips, propietaria de la
patente de estos productos, y que ratificó que los discos que distribuye esta
empresa investigada son legales y que fueron fabricados y adquiridos con
licencia, se produjo a instancias de la juez y tras una denuncia presentada por
la Asociación Fonográfica y Videográfica española (AFYVE).
"El objetivo es, no sólo recuperar el perjuicio para la compañía, sino
también averiguar los motivos que llevaron a la policía a difundir una
información que en su día ya se veía que no tenía base real", añadió
Sorensen.
Una extraña operación policial con presencia de los denunciantes
La operación fue llevada a cabo el 30 de junio de 2003 por el Grupo de Delitos
Tecnológicos y contra la Propiedad Intelectual de la Jefatura de la Policía
Nacional en colaboración con la Guardia Urbana y con la Sociedad General de
Autores y Editores (SGAE) y la AFYVE.
En este sentido, entre otras irregularidades, en la querella se recoge que
durante la operación policial de entradas y registros, agentes de la Guardia
Urbana, que no fueron autorizados por la juez, provistos de cámaras para la
filmación fueron los primeros en entrar en las sedes de las empresas. Las
imágenes fueron distribuidas con posterioridad a las televisiones para su
difusión.
Además de los policías, en las entradas y registros, en las que se intervinieron
más de 500.000 discos ópticos, así como diverso material informático, también
accedieron a las dependencias de una de las sedes del Grupo CD World, un técnico
de AFYVE y alto cargo de Federación Internacional de la Industria Fonográfica (IFPI),
organización a la que pertenece AFYVE, que "no estaban autorizados por la
orden judicial".
La AFYVE fue instigadora.
Por ello, además de los dos altos cargos policiales, el abogado que ha
presentado la querella se reserva el derecho a ampliarla contra estas sociedades
porque fueron los instigadores de las "manifestaciones" que se realizaron por
parte de la policía "con temerario desprecio a la verdad" al dejarse
guiar "por el proceder de los técnicos" de AFYVE, que aseguraron que los
CDs y DVDs eran ilegales.
De hecho, en la nota de prensa difundida en su día por la policía se afirmaba
que "por AFYVE se sabe" que CD World "importa ilegalmente millones de
CDs procedentes de Taiwán y los mismos pueden importarse vírgenes aunque
pirateados, o grabados e importados como vírgenes (para posteriormente ser
serigrafiados a petición del cliente)".
A pesar de todo ello, poco más de dos meses después de la incautación del
material, la juez dictó una oficio por el que ordenó devolver a su propietario
los 500.000 CDs y DVDs vírgenes que permanecieron en contenedores de la SGAE,
mientras estuvieron intervenidos.
Unos detenidos que no lo fueron
La otra calumnia a la que hace referencia la querella es al arresto de los 14
ejecutivos porque en el momento en el que se realizaron las entradas y registros
"ninguna persona fue detenida" y únicamente se les entregó una citación en
la que "simplemente se les emplazaba para comparecer en la Jefatura Superior
de Policía por 'un asunto oficial' o 'por un asunto de su interés'", según
recoge la denuncia.
De hecho, desde el primer momento, el caso ya enfrentó a la policía y a la juez
instructora del caso porque en la nota difundida a los medios de comunicación
por la policía la mañana del martes 1 de julio de 2003 se afirmaba que se había
detenido a 14 personas y la juez tuvo que corregir dicha información al día
siguiente de su publicación, ya que hasta ese momento no se había realizado
ninguna detención.
Delito contra la propiedad industrial
En la querella se recoge que AFYVE acusó a CD World de un delito
contra la propiedad industrial por la "presunta importación de discos
vírgenes por no pagar las licencias a Philips, dueña de la patente", y dicha
asociación se encargó de "emitir informes sobre la presunta ilegalidad de los
discos", lo que fue acatado por la policía, aunque era sabedora que los
autores de los informes eran los propios denunciantes.
La querella recuerda que la devolución de los discos se realizó por orden de la
juez a instancias de la Fiscalía y que ninguna de las partes denunciantes
recurrió dicha decisión, reconociendo con ello la legalidad de dicho material.
No obstante, el juzgado no ha cerrado aún toda la causa por cuanto sigue
investigando la venta de duplicadores de CD y tiene aún incautadas una
cincuentena de estos aparatos. Sin embargo, más de un año después de haber
abierto las diligencias, a fecha de hoy aún no ha citado a declarar a ninguno de
los imputados, lo que, según fuentes judiciales consultadas por Europa Press,
"es un hecho insólito" |
