Por Ángel Cortés
Que la capital del Estado haya concentrado hasta el momento todas las
instituciones y organismos independientes era más fruto de la dinámica
centralista heredada del pasado que de un marco solidario en el que de la misma
forma en el que los ciudadanos de estas comunidades contribuyen con sus
impuestos al sostenimiento de este, también deberían verse beneficiados de los
beneficios que estos organismos ocasionen como generadores de riqueza en la
comunidad donde están asentados.
Que hasta el momento estas ventajas y beneficios fueran
exclusivas de una sola comunidad, no era, digámoslo claramente de recibo.
La mera existencia de un organismo regulador genera a su alrededor un buen
numero de trabajos cualificados, vedados muchas veces a profesionales que no
desean dejar su lugar de origen o aquel que han echado raíces para acceder a uno
de sus empleos. La presencia de TODAS estas instituciones en una sola comunidad
es por lo tanto poco solidario y beneficioso para aquellos residentes en ese
lugar frente a los que habitan en el resto de las dieciséis comunidades.
La descentralización de estos abre la puerta así a nuevas oportunidades
profesionales a centenares de profesionales en todos los rincones del Estado.
Hoy será una oportunidad para los catalanes, mañana (cuando el ejemplo cunda con
otros organismos) para andaluces, aragoneses, gallegos o de cualquier otra
comunidad.
Es cierto que durante muchos años se ha potenciado una centralidad, tanto en lo
económico como en lo político, mientras por otro lado se exigía una mayor
solidaridad en las reclamaciones de algunas comunidades.
Y en los mensajes que desde distintos lugares se han venido oyendo contrarios al
desembarco de la CMT a Barcelona se encuentra este trasfondo centralista, donde
con la excusa de las repercusiones laborales o económicas se olvida de que hasta
el momento la injusticia se producía ya de por si solo con la presencia de todos
los organismos en la capital.
Descentralizar estos organismos, descentralizar el Estado no debe interpretarse,
como algunos afirman, con el pago de compromisos adquiridos, sino con la
voluntad de ejercer ese mandato de la Constitución española de entender España
como algo más allá de Madrid y nada más.
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