Tras la reunión que mantuvieron el miércoles Maragall y el presidente del
Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero. El Ejecutivo anunció su decisión de
trasladar la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, CMT a Barcelona.
El anuncio de la decisión por los medios de comunicación ha sorprendido por lo
inédito, ya que si bien anhelábamos que el Gobierno actuará en función de las
decisiones que últimamente esta adoptando este organismo, contrarios muchas
veces a los intereses de los ciudadanos; tarificación adicional, preasignaciones
fraudulentas, tardanza en permitir el aumento de velocidad del Adsl por el mismo
precio propuesto por las operadoras telefónicas, política de precios basada en
el beneficio de mayoristas en detrimento de los minoristas, que reiteradamente
viene denunciado esta Asociación, y que requiere un cambio de modelo de
liberalización tan urgente como necesario.
Pero no; la decisión solamente se circunscribe a un cambio físico de la CMT a
Barcelona. Sin que se haya consultado ni consensuado con nadie: ni con el
Consejo del Organismo, ni con el Comité de Empresa, ni con las operadoras
telefónicas, que desde la incorporación de Menta y Retevisión a Auna ya no
tienen sede central en Barcelona, ni con el Parlamento y por supuesto, y esto ya
no es noticia, con los usuarios de los servicios de telecomunicaciones.
Sí el Gobierno tiene la legitima intención de descentralizar la Administración
del Estado, quedan muchas preguntas a las que no encontramos respuesta ¿Por qué
la CMT?, ¿ Por qué a Barcelona y no a Vitoria, Badajoz, Sevilla o Zaragoza? ¿Por
qué no se ha consultado con nadie? ¿ Por qué urge cambiar el sitio y no los
hábitos contrarios al interés general del organismo? ¿ Dónde está el diálogo y
el buen talante prometido por el presidente José Luis Rodríguez Zapatero?.
Demasiadas preguntas sin respuesta cuando todavía el Ejecutivo no ha explicado
porque ha desaparecido el Ministerio Ciencia y Tecnología, como si de una moneda
de cambio se tratara. Mal comienzo, cuando las decisión adoptada no cuenta con
los consensos que aseguren el beneficio del interés general. En este caso, el
talante es el contrario al prometido: no hay transparencia, no hay consenso, no
hay equidad, no hay explicaciones razonadas, solo hay un anuncio de la decisión.
Asociación de Internautas
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