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Según el mismo, los jueces podrán -como medida cautelar- secuestrar "los instrumentos, dispositivos, productos y demás elementos que utilizan los intermediarios, contratados por un tercero, para obtener copias ilegales de cualquier obra y venderlas posteriormente" según informa el diario La Razón.

La razón esgrimida por el CGPJ en dicho informe para proponer el cierre o "secuestro" de los servidores mencionados "es que es necesario prever medidas que eviten que durante la tramitación de la causa se mantenga la situación perjudicial para los intereses del demandante, e incluso se comprometa la eficacia de una eventual sentencia condenatoria."

"Por otro lado -según el mismo diario- el órgano de gobierno de los jueces y magistrados recomienda al Ejecutivo que aproveche esta iniciativa legislativa –que responde a la adaptación de una Directiva comunitaria– para "actualizar la regulación de los derechos morales del artista intérprete o ejecutante, de los que no se ocupa la Directiva", asimilándola "a la regulación de los derechos morales del autor".

"Esto se podría lograr adaptando el nuevo texto al Tratado de la Organización Mundial de Propiedad Intelectual sobre Derechos de Autor, Interpretación o Ejecución y Fonogramas."