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Al contrario de la política emprendida desde algunas Comunidades donde la defensa a ultranza del software libre se ha convertido en el estandarte de los planes de implantación y difusión de las TIC, el Gobierno español considera que  "debería evitarse" la imposición por vía normativa de un determinado tipo de programas informáticos ('software').

En su opinión es aconsejable que la Administración mantenga el principio de la neutralidad tecnológica no decantandose por ninguna de las dos opciones en la actual controversia que vive el entorno político y académico sobre el 'software' libre y el propietario.

Esta opinión del ejecutiva se refleja en una respuesta parlamentaria a la diputada del Grupo Mixto María Olaia Fernández Dávila --a la que tuvo acceso Europa Press--, sobre su posición en relación con la intervención de las Administraciones en el mercado de las Nuevas Tecnologías y, concretamente, sobre el uso libre del 'software'.

El Gobierno argumenta que el principio de neutralidad tecnológica constituye una "buena base" para orientar una adecuada definición de políticas en este sector, "de tal manera que debería aplicarse en todos los ámbitos, desde las compras públicas al marco regulatorio".

No obstante, asegura que este principio "no está en contradicción con que la Administración trate de aprovechar las oportunidades que para la innovación y el desarrollo de la Sociedad de la Información pueda ofrecer el modelo de 'software' libre".
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