El 31 de julio próximo entrará en vigencia una ley que obliga a las proveedoras
de Internet a almacenar todos los datos que se transmitan por el ciberespacio
por un plazo de diez años.
Es decir que todos los movimientos que realice un usuario a través de su correo
electrónico , incluso el contenido, el chat , y sobre cada uno de los sitios
visitados en la web quedarán archivados por los proveedores.
La norma, que fue aprobada y reglamentada, se fundamenta como una herramienta
de seguridad para evitar secuestros y casos de narcotráfico ya que de esta
forma la Justicia podría acceder a la información si lo precisara.
Según una nota publicada en el diario Página 12, para expertos en derecho a la
información esta ley es un claro ataque a los derechos civiles violando las más
elementales normas sobre la protección a la intimidad
“Genera un grado de vigilancia permanente”, señaló el abogado Damián
Loretti, director de la Carrera de Comunicación de la UBA y cuestiona si el
Estado asume la responsabilidad por los daños y perjuicios por el mal uso de la
información.
La Cámara Argentina de Bases de Datos y Servicios en Líne ,(Cabase) que agrupa
a las proveedores, presentó a mediados de diciembre un amparo en la Justicia en
el que cuestiona la constitucionalidad de la Ley 25.873 y del decreto 1563/04.
Según el matutino, la abogada Mariana Tamara Saulquin, del Ministerio de
Economía, defendió la norma y desestimó que la ley violara las normas
constitucionales.
A través de un escrito en la causa, la letrada señaló que “se trata siempre
y en todos los casos del acceso por parte del internauta a contenidos de acceso
público (...) y si el juez interviniente estima necesario para la dilucidación
de una causa determinar los hábitos de lectura de determinada persona”
Y aclaró que la norma “establece que el acceso a las grabaciones y datos
recolectados sólo será posible mediante una orden judicial”. Saulquin
precisó que la normativa tiene como objeto “la defensa nacional” y “la
averiguación y represión de ilícitos”.Otras normas semejantes están en
estudio en países europeos y distintas instituciones, como el del Defensor del
Pueblo español, han pedido medidas similares. Todo ello en "aras" a la
investigación de posibles delitos que un ciudadano pueda cometer en un momento
determinado de su vida.
¿Para cuando una ley que instale un chip a todos los recién nacidos y que
registre su actividad a lo largo de los años y que luego sirva para demostrar
su culpabilidad en cualquier delito? |
