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La norma fue dictada por el presidente de Argentina, Néstor Kirchner, en
noviembre pasado y entrará en vigor el próximo 31 de julio, tal como ya
informábamos en nuestra edición de ayer.
Los expertos advirtieron que las modificaciones que el Parlamento introdujo
durante 2003 a la Ley de Telecomunicaciones habilitan el espionaje estatal
tanto a las comunicaciones telefónicas como a las que se realicen por internet.
Señalaron que la norma, aprobada por los legisladores a propuesta del Gobierno
con el objetivo de combatir delitos mediante el uso de las telecomunicaciones,
obliga a las empresas proveedoras de estos servicios a almacenar durante diez
años información de sus clientes.
El jurista Daniel Sabsay dijo desconocer "cuál es la fundamentación
para la reglamentación de esta ley, que crea una situación abusiva" y viola
principios constitucionales.
El decreto engloba entre las telecomunicaciones a "toda transmisión,
emisión o recepción de signos, señales, escritos, imágenes, sonidos o
informaciones de cualquier naturaleza, por hilo, cable eléctrico, atmósfera,
radio electricidad, medios ópticos y/u otros medios electromagnéticos, o de
cualquier clase existentes o a crearse en el futuro".
Además, establece que el órgano oficial "encargado de ejecutar las
interceptaciones" será la Secretaría de Inteligencia del Estado
(servicio secreto), con la Comisión Nacional de Comunicaciones y la
Secretaría de Comunicaciones como autoridades de aplicación y de regulación de
la ley, respectivamente.
Las empresas prestatarias "deberán adecuar el equipamiento y tecnologías que
utilizan para la prestación de los servicios de telecomunicaciones, a los
efectos de la presente normativa, antes del 31 de julio de 2005",
señalando, además, que deberán "soportar los costos de todo equipamiento,
elemento tecnológico (software o hardware), vinculación, línea o trama, nueva o
existente, necesario para la captación de las comunicaciones (..) para que la
información pueda ser recibida en tiempo real por el órgano del Estado
encargado de ejecutar las interpretaciones”, aclara el artículo 2º del
decreto
Garantías? De concretarse la puesta en marcha de la ley, nadie se salvará de
una invasión que invierte el principio de inocencia, al poner bajo sospecha a
todos los usuarios de telecomunicaciones. Es un golpe a la privacidad que crea
registros (o prontuarios) virtuales.
Las empresas responden
La Cámara Argentina de Bases de Datos y Servicios en Línea presentó un
recurso judicial contra el decreto y su presidente, Patricio Seoane,
aseguró que coincide "con que hay que mejorar la seguridad, pero ese rol es
del Estado y no de las empresas", criticando el hecho de que sean estas
quienes deban aportar los recursos económicos necesarios para vigilar las
comunicaciones.
“Es un delirio que se le ocurrió a un genio que no sabe cómo funcionan los
sistemas de telecomunicaciones”, sostuvo Enrique Carrier, director
de Carrier y Asociados. Además de cuestionar la invasión a la
privacidad, el analista advierte sobre la “inconsciencia de querer controlar
el volumen de información que circula por las redes telefónicas y por
Internet”.
Políticos se suman al rechazo
El jefe de Gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Aníbal Ibarra, dijo
que está "absolutamente en contra", porque a partir de estos proyectos
se pasa a vivir en libertad condicional. Para Maudicio Macri, "es un
avance más sobre los derechos de los individuos" y "hay quienes no saben lo que
es la libertad de expresión".
"Técnicamente es un proyecto casi imposible de llevar a cabo: esto suena a
una gran locura, una enorme fantasía", consideró a su vez el diputado
Mauricio Bossa de la Ucedé.
Por su parte, el diputado socialista Héctor Polino, afirmo que este
proyecto tiene
"características totalitarias”, agregando que “la Constitución
tiene por misión proteger los textos que se envían los ciudadanos” y en
este caso se aplica también “sobre los consumidores de Internet”.
Los emails no son correspondencia para algunos diputados
El titular de la comisión de Comunicaciones e Informática en el Congreso de los
Diputados, Osvaldo Nemirovsci, adelantó a través de una declaraciones en
Radio 10 que se modificarán aspectos negativos de la ley.
Nemirovsci reconoció los aspectos negativos de la ley que permite al Estado
vulnerar la intimidad, pero prometió cambios, antes del inicio de su vigencia.
El diputado también advirtió que existen discusiones en el seno de la Comisión
que él preside, y puso como ejemplo que para algunos legisladores los mails no
son correspondencia. "Para mí es como la correspondencia epistolar que los
mails. Yo no le puedo pedir que guarde las cartas que recibe en diez años".
Presentaran proyecto alternativo
Legisladores de diferentes fuerzas políticas adelantaron ayer que durante el
dia de hoy martes, presentarán un proyecto para derogar la polémica norma
debido a que vulnera los derechos individuales de los usuarios.
Asimismo se señalo que se recurrirá a la justicia para evitar que el decreto
presidencial entre en vigor en la fecha prevista
El gobierno Kirchner mantiene silencio
La tormenta política desatada tras conocerse la ley no ha impedido que el
gobierno mantuviera silencio sobre ella.
"No voy a responder sobre ese tema", dijo por su parte el ministro
Justicia, Horacio Rosatti tras ser preguntado por distintos periodistas
sobre cual era la posición del gobierno de la Republica.
Portavoces de la Presidencia manifestaron que esperaran a que la Justicia
resuelva las demandas presentadas para hacer publica su posición. |
