Las nuevas ordenanzas para promover la convivencia del Ayuntamiento de Barcelona permitirán multar a las prostitutas callejeras y a sus clientes, a vendedores y compradores del 'top manta' y la práctica de la mendicidad agresiva.

El alcalde de Barcelona, Joan Clos, ha presentado el anteproyecto de la Ordenanza de medidas para fomentar y garantizar la convivencia que dotará al consistorio de mecanismos para hacer efectivas las sanciones impuestas a los infractores que no residan en la capital, incluidos los extranjeros.

Joan Clos ha explicado en rueda de prensa que esta normativa, que se prevé entrará en vigor en enero, será el instrumento, "precursor" en toda España, con el que el ayuntamiento pretende controlar a los ciudadanos incívicos.

Como medida pionera el Ayuntamiento propone sancionar a los compradores del «top manta» y a los clientes de la prostitución callejera con multas que van de los 125 a los 500 euros.

Pintar graffitis y colgar carteles se castigará con multas de entre 120 y 3.000 euros, la misma multa se ganarán los trileros, los «skaters» o patinadores que pongan en peligro la integridad de los ciudadanos.

La mendicidad agresiva e insistente -inclusive la de menores y discapacitados- podrá sancionarse también con multas que van de los 120 a los 3.000 euros.

La ordenanzas prohibirán el consumo de alcohol en la calle -menos en terrazas y en  determinadas fiestas- y esta práctica se sancionará con multas de entre 30 y 1.500 euros, con la posibilidad de hacer responsables a los padres de los menores que incumplan esta norma.


Clos ha querido dejar claro que no quieren prohibir la prostitución, ni hacer un juicio ético sobre la misma, sino que pretenden mejorar la convivencia en las zonas en las que se registra una concentración de estas prácticas, con multas de hasta 600 euros.

"No podemos tolerar que haya mafias del Este dedicadas a la prostitución que impunemente tengan a chicas trabajando en cuatro o cinco lugares", ha añadido el alcalde quien ha explicado, no obstante, que las cuestiones relacionadas con esta actividad en la calle están todavía a debate en el grupo de trabajo.

Dudas sobre la legalidad de la normativa

Javier Junceda, director del área de derecho administrativo de la Universitat Internacional de Catalunya, considera que existen dudas legales sobre las multas previstas para los compradores del Top Manta. En declaraciones al diario "El Punt",  decia que si la venta es ilegal, la administración ha de garantizar los recursos para combatirla, considerando que la normativa crea "indefensión legal" para los ciudadanos que pueden ser sancionados. "Si la Administración no quiere que se vendan estos productos en la calle que ponga recursos para combatirlo, pero que no sancione a quienes no tienen la culpa de la existencia de esta práctica". Para este experto, la normativa es audaz, pero cuestiona que sea respetuosa con el marco legal actual.

Para Lluis Batlló, presidente de la sección de derecho penal del Colegio de Abogados de Barcelona, es posible sancionar, desde el punto de vista administrativo y no penal, a los vendedores del top manta y a sus clientes. Aunque considera que esta normativa, en el terreno de la regulación de la venta ambulante, prostitución y uso del espacio publico, puede crear una "alarma social" entre los ciudadanos. El experto, considera que una de las debilidades de esta normativa es el dejar en manos de los agentes de la Guardia Urbana la decisión sobre la aplicación de la normativa en temas determinados como el uso del espacio publico, considerándola una "arbitrariedad excesiva".

Por su parte la decana del Colegio de Abogados de Barcelona (ICAB), Silvia Giménez-Salinas, considera que la nueva ordenanza cívica del Ayuntamiento de Barcelona es 'de muy difícil aplicación' y que la prostitución y el incivismo deberían abordarse desde un punto de vista 'global'.

En declaraciones a Efe, la decana de los abogados de Barcelona ha asegurado que es difícil aplicar las ordenanzas municipales, porque 'no se puede tener a guardias urbanos en todas las calles' y lo único que se conseguirá con la persecución de las actitudes incívicas o la prostitución es trasladarlas a otro lugar.

Giménez-Salinas ha criticado también que el Ayuntamiento 'haya metido todo en el mismo saco las conductas incívicas, las multas a clientes de prostitutas y a los compradores del top-manta', cuando, a su juicio, cada uno de esos problemas requiere una solución diferenciada.

Respecto al incivismo, la decana de los abogados barceloneses opina que no le parece adecuada la imposición de sanciones económicas, porque son más efectivos los trabajos o servicios en beneficio de la comunidad, y, en todo caso, ha afirmado que ese fenómeno debería abordarse 'desde la educación'.

En el tema de la prostitución, Giménez-Salinas se ha mostrado también partidaria de tratar el tema desde un punto de vista 'global', porque, a su juicio, a menudo se trata de un problema 'relacionado con la pobreza y la marginación'.

Una política que cuenta con el apoyo del Partido Popular y las dudas de los socios de izquierdas

La normativa de "Tolerancia cero" siembra también dudas a los socios del PSC en al Ayuntamiento de Barcelona. Para ERC el Ayuntamiento debería diferenciar entre actos incívicos de los problemas sociales, también considera que la normativa podría caer en considerar a los jovenes como peligrosos sociales. "Ser jóven es una oportunidad, no un problema", insiste.

Para ICV-EUiA la normativa debe ser matizada y afinar mucho más en las actividades que pueden ser motivo de sanción. Muestra sus dudas en el terreno de la prostitución y también en el consumo de alcohol en las calles, lo que podría producir, según ella, que alguien que consuma, paseando tranquilamente por la ciudad, una cerveza puede ser sancionado.

Todo lo contrario opina el PP. Este considera que la normativa aún podría ir mucho más allá y pide al alcalde que la apruebe quitándose el lastre que suponen sus socios de izquierda. Según este partido, la propuesta del alcalde recoge muchos de los puntos de su formula de tolerancia cero que defendió en su momento su portavoz, Alberto Fernández Diaz.