La Policía Nacional ha desmantelado una red de franquicias que vendía en diversas ciudades españolas, incluido Santiago de Compostela, chips manipulados, “cartuchos compatibles” y consolas pirateadas destinadas a vulnerar las medidas de protección de fabricantes de programas y videojuegos.
En la operación, considerada por la Policía como la primera a “gran escala” contra el pirateo de videoconsolas realizada en España, se ha detenido a ocho personas, entre ellas a los responsables de las franquicias, y se han intervenido más de 30.000 chips y diverso material electrónico valorado en 922.000 euros.
Los agentes han inspeccionado 22 establecimientos comerciales en las provincias de Madrid, Sevilla, Valladolid, Málaga, Salamanca, Zamora, León, Gerona y A Coruña, así como las sedes centrales de las franquicias de tiendas que distribuían los equipos pirateados.
La investigación comenzó a finales del pasado año 2008 tras la denuncia de dos fabricantes de videoconsolas -Sony y Nintendo- que habían alertado de la presencia en el mercado de este tipo de sistemas manipulados y “chips piratas”.
Un software especial insertado dentro del propio cartucho-tarjeta de la videoconsola, permitía vulnerar el código de autentificación, para poder usar juegos no originales.
El sistema empleado tras la adquisición de estos cartuchos consiste en descargarse juegos a través de Internet para posteriormente grabarlos en una tarjeta de memoria que se introduce en el propio cartucho.
En la veintena de registros realizados, la Policía ha intervenido 6.887 “chips” destinados al pirateo de videoconsolas, más de mil dispositivos de carga destinados a la eliminación de las medidas de seguridad para poder usar juegos no originales y una docena de equipos modificados de diferentes modelos y marcas.
Los agentes también han encontrado casi 2.000 baterías, adaptadores USB, trescientas tarjetas de memoria falsificadas, un disco duro con los programas necesarios para romper las barreras de seguridad y diversa documentación.
La operación ha sido coordinada por el Grupo de Delitos contra la Propiedad Intelectual e Industrial de la UDEV Central y ha contado con la colaboración de las diferentes Brigadas Provinciales de Policía Judicial de las provincias afectadas.
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