Así lo aprobó  mayoritariamente el Consejo de los Estados (cámara de representación de los cantones suizos) tras el voto también favorable del Consejo Nacional (Parlamento).

Ese derecho a examinar los resultados de las pruebas sólo podrán ejercitarlo las aseguradoras si la suma garantizada supera los 400 mil francos (263 mil 158 euros) en el caso de seguros e vida o si la renta anual del seguro de invalidez sobrepasa los 40 mil francos.

La ley se aplicará tan sólo a las aseguradoras privadas y no al seguro social, donde sigue prevaleciendo el principio de solidaridad.

Los parlamentarios votaron a favor del proyecto de ley con el argumento de que las compañías de seguros deberían tener el mismo nivel de información que los asegurados dado que en el caso de los seguros privados la prima se calcula en función del riesgo individual.

Una minoría, encabezada por la socialista Anita Fetz, abogó en vano a favor de la total prohibición del acceso a esas pruebas por parte de las aseguradoras ya que abriría una brecha en el principio de no discriminación y permitiría a ésas seleccionar sus riesgos.

La discriminación sobre la base de una predisposición genética sin que la enfermedad posible haya hecho su aparición en el individuo resulta injusta, según la minoría de izquierda discrepante.

Según ésta, los trabajadores independientes y los patronos de pequeñas y medianas empresas se verán afectados negativamente ya que los bancos les exigen un seguro de vida antes de concederles algún crédito.

La mayoría argumentó que el desconocimiento por las aseguradoras de los potenciales riesgos las haría aumentar las pólizas para todo el mundo y señaló además que se fijaron límites muy altos ya que el 95% de los contratos garantiza sumas muy por debajo del tope establecido.