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A partir de una normativa interna del Departamento de Seguridad Interior, los agentes aduaneros no necesitarán justificativos para revisar este tipo de dispositivos.

Guillem Alsina (guillem@imatica.org) - Si usted viaja a los Estados Unidos y lleva consigo un ordenador portátil, un reproductor MP3/MP4, una cámara de fotos o vídeo digital o incluso un teléfono móvil u otro cachibache electrónico, tenga cuidado porque puede encontrarse con la desagradable sorpresa que en las aduanas de este país le sea retenido el aparato de forma indefinida.

Esta nueva directriz afecta tanto a ciudadanos extranjeros que viajen a los Estados Unidos o regresen de aquel país a sus hogares, cómo a los mismos ciudadanos estadounidenses que se vayan de viaje o vuelvan de él. De hecho, la nueva directiva ya se estaba aplicando desde hacía algún tiempo según informa el prestigioso rotativo The Washington Post, pero no ha sido hasta ahora que se ha hecho pública.

La “excusa” oficial es que el secuestro legal de los aparatos se necesita para la lucha antiterrorista. Además, hay que tener en cuenta que a los agentes que realicen las decomisaciones del material electrónico se les da potestad para hurgar a sus anchas en los archivos almacenados, desencriptarlos si fuera necesario y compartirlos con otras agencias gubernamentales o empresas privadas si así fuera necesario (para la realización de un proceso de desencriptación, por ejemplo).

Los elementos que podrán ser sometidos a revisión no se limitan a dispositivos electrónicos, sino que pueden ser papeles, cuadernos o informes. Tanto ciudadanos estadounidenses, como extranjeros, son afectados por la normativa.

La información ligada al trabajo estará exenta, en especial los datos que puedan poner en peligro el secreto profesional. Pero cualquier dato de tipo personal podrá ser revisado por los agentes

El caso es especialmente grave ya que los Estados Unidos han sido acusados en el pasado de aprovecharse de sus sistemas de vigilancia electrónica para conseguir información que favoreciera a los intereses de empresas privadas norteamericanas en detrimento de las de otros países. Fue el caso, por ejemplo, de la venta de una cantidad de aviones de pasajeros a un país de oriente medio que acabó perdiendo el consorcio europeo Airbus en favor de la norteamericana Boeing, en un caso en el que se sospecha hubo espionaje industrial por parte de las autoridades gubernamentales estadounidenses a través de su red Echelon, con información confidencial sobre la oferta presentada por Airbus que “llegó” a las manos de Boeing, lo que le facilitó presentar una oferta mejor.

Las entidades de defensa de las libertades y los derechos civiles han hecho hincapié en la cantidad de información personal y privada que puede verse comprometida por estas directivas, que permiten la intromisión de los agentes de una forma abierta y descarada en la vida privada de los ciudadanos de cualquier país.

El senador demócrata Russ Feingold escribió en su sitio web: “La normativa confunde los términos ‘incautar’ y ‘registrar’ y no contiene ningún límite sobre lo que pueden hacer los agentes con la información que encuentran”.