El ayuntamiento de Barcelona tomó la decisión de seguir apostando por los productos de Microsoft en lugar de sus alternativas de código libre y muchos de ellos de carácter gratuito. Hispalinux, considera esta decisión totalmente desacertada y contraria a los intereses de los ciudadanos.
Reproducimos a continuación la nota oficial de esta asociación que agrupa a los usuarios de software libre españoles.
Ante la decisión del Ayuntamiento de Barcelona, adoptada por el Consell Rector de l'Institut Municipal d'Informática (IMI), de formalizar la adquisición de 6.000 licencias del paquete ofimático Microsoft
Office 2007 para renovar sus sistemas actuales Microsoft Office 97, por un valor que supera ampliamente el medio millón de euros, y de hacerlo, según parece, por la vía de la adjudicación directa, la Asociación Española de Usuarios de Software libre Hispalinux desea hacer público lo siguiente:
Primero – Lamentamos profundamente, hasta el punto de la indignación, una decisión que contraviene frontalmente todo principio de neutralidad -que tanto gusta de invocar, precisamente, la empresa beneficiaria del contrato- al no haberse ofrecido a otras empresas y marcas, mediante el correspondiente y normal procedimiento de licitación, la posibilidad de suministrar a una administración pública los bienes y servicios que ésta necesita en un momento determinado. Esta adjudicación directa no es justificable desde ningún punto de vista, ni técnico, ni económico, ni
siquiera político (entendiendo por tal el único objetivo del servicio a la ciudadanía y al interés general).
Segundo – Deploramos la nula consideración por parte del Ayuntamiento de la posibilidad de equipar sus sistemas ofimáticos con software libre, pese a sus reiterados compromisos y declaraciones anteriores en este sentido que habremos de entender, a la vista de lo sucedido, en clave pura y simplemente electoralista.
Tercero – Rechazamos enérgicamente los pretextos dados por el IMI para excluir otras opciones, por las siguientes razones:
a) No está en absoluto clara la necesidad de tan masiva actualización de sistemas ofimáticos, toda vez que la simplicidad informática del trabajo que lleva a cabo la inmensa mayoría de los empleados públicos municipales -como bien puede decirse, por demás, de casi todas las administraciones públicas- no justifica una migración tan extensa como la que se anuncia. Dudamos de que sea estrictamente necesaria tal migración en más allá del 10 por 100 de los puestos cuyo software va a
ser actualizado. Quedando bien claro que, reiteramos, la simplicidad a que nos referimos alude uso de instrumentos ofimáticos, no al conjunto de la tarea de los empleados públicos que es, en la mayoría de los casos, compleja y difícil, pero no por razones informáticas.
b) Aún en el supuesto -no admitido- de que fuera necesaria tan masiva migración, no estamos de acuerdo con el pretexto municipal que alude a la complejidad y coste de la misma en caso de utilizar un sistema ajeno a Microsoft incluso aunque fuera gratuito (como lo es OpenOffice.org, sistema libre multiplataforma que no obligaría al cambio de sistema operativo) porque la adopción del sistema MS Office 2007 va a obligar también a una migración igualmente compleja y costosa, y ello sin contar con la nada improbable circunstancia de que la adopción de ese sistema ofimático obligue, para una eficiencia mínima del mismo, a migrar al nuevo sistema operativo Windows Vista lo que, a su vez obligaría a una renovación del parque de maquinaria, puesto que los aparatos con más de un año no pueden soportar, en unas condiciones mínimas de funcionamiento este nuevo sistema operativo, con el coste, ciertamente desproporcionado, que todo ello va a representar. Pero es que aún suponiendo -obviamente sin admitir- la necesidad de esa continuidad en la marca por los costes de migración, ese argumento constituiría la mejor razón para abandonar a una marca que, tal como el propio Ayuntamiento argumenta implícitamente, toma como rehenes a sus propios clientes.
Cuarto – En base a todo ello, exigimos del IMI el estudio económico en el que se basa para aludir a problemas de coste, una explicación de las verdaderas razones que han llevado a la decisión que se ha tomado y a las condiciones en que se va a ejecutar, a fin de cumplir ante la ciudadanía barcelonesa con un deber de transparencia que se ha soslayado y que exigimos enérgicamente.
Jorge Fuertes
Presidente
Madrid-Barcelona, 4 de junio de 2007
