Demasiada letra pequeña, incumplimientos en el plazo de respuesta y publicidad no del todo veraz son las principales carencias de las asesorías legales "on-line", según un estudio divulgado hoy por la revista Consumer Eroski.
De acuerdo con sus resultados, el asesoramiento virtual de un abogado por un asunto concreto tiene un precio medio de 40 euros, un bono por diez consultas cuesta 90 euros, 5 euros más que un servicio anual de recurso de multas, y las gestiones de un divorcio rondan los 500 euros.
En el estudio, financiado por el Instituto Nacional de Consumo, se han analizado 35 asesorías legales en Internet: doce de ámbito jurídico general, doce especializadas en divorcios exprés y once en multas y accidentes de tráfico.
De acuerdo con sus resultados, el asesoramiento virtual de un abogado por un asunto concreto tiene un precio medio de 40 euros, un bono por diez consultas cuesta 90 euros, 5 euros más que un servicio anual de recurso de multas, y las gestiones de un divorcio rondan los 500 euros.
SIN RELACIÓN PERSONAL
Aunque resulte más barato que un bufete, "no todo son ventajas" ya que el menor coste se traduce en la ausencia de una relación personal con el abogado y en la reducción del ámbito de acción de la asistencia a cuestiones de poca relevancia económica y que raramente acaban en pleito judicial.
El informe, encargada por la Confederación Española de Cooperativas de Consumidores y Usuarios, ha constatado además que su funcionamiento, tarifas y servicio registran notables variaciones en función de la empresa elegida.
Entre los principales reparos destaca que la publicidad no se corresponde con la realidad.
Sólo el 17 por ciento de las empresas que ofertan un abogado gracias a un pago anual cumplen con este compromiso; el resto no ponen en contacto al usuario con un abogado que atienda sus problemas, se limitan a asesorar al cliente y a redactar y tramitar documentos a su nombre.
LETRA PEQUEÑA
También en materia de información hay problemas: en casi una de cada dos empresas de asesoría legal on-line el usuario se topa con una letra pequeña que oculta limitaciones contractuales importantes.
Por otra parte, la mayoría de las que establecen contratos temporales con el consumidor renuevan de forma automática el servicio sin pedir la aprobación al cliente.
Además, es común que estas empresas apuren en exceso los plazos para responder las preguntas de los clientes, sobre todo cuando se hace por correo electrónico.
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