El FBI arrestó en Los Angeles a un universitario estadounidense de 19 años acusado de robar documentos de DirecTV que revelaban la tecnología de encriptación destinada a impedir el pirateo de suS servicios de televisión vía satélite, así como de difundir sus códigos a través de Internet

Igor Serebryany, estudiante de la Universidad de Chicago, está acusado de robar las tarjetas de acceso a los servicios, que son similares a las tarjetas de crédito. Según el FBI, Serebryany confesó a los agentes que lo detuvieron haber robado los papeles pertenecientes a una firma de abogados que realiza trámites legales para la televisión.

El joven, residente en Chicago pero cuya familia vive en Los Angeles, trabajó durante un tiempo en una empresa que compartía edificio con el bufete de Jones Day.

Serebryany está acusado de copiar 800 megabytes de información en dos cederrones, así como de utilizar uno de los ordenadores de la firma legal para buscar sitios web utilizados por 'hackers' deseosos de piratear la señal de servicios de satélite. El FBI añadió que los documentos de DirecTV fueron enviados a no menos de tres sitios web dedicados a estas actividades.

La compañía comenzó a investigar el hurto después de que los documentos comenzaran a circular por Internet. Un portavoz de DirectTV afirmó que aparentemente la tecnología anti-pirateo de la compañía no había sido descifrada, incluso a pesar de que la información esté en la Red desde el mes de septiembre.

Precisamente la seguridad de las tarjetas es una de las mayores prioridades de DirecTV --tiene once millones de suscriptores--, que lanzó en el mes de agosto su cuarta generación de tarjetas tras dos años de investigación y una inversión de 25 millones de dólares.

PIRATAS INFORMÁTICOS

Las tres anteriores versiones de la tecnología anti-pirateo de DirectTV fueron descifradas por los piratas informáticos que averiguaron cómo recibir la señal satelital de la compañía sin pagar por ella.

Según la Ley Federal de Espionaje Económico de 1996, Serebryany está acusado de difundir secretos, por lo que podría enfrentarse a una pena máxima de diez años de cárcel y una multa de hasta 250.000 dólares.

Pese a que el estudiante aparentemente no intentó beneficiarse de la circunstancia de compartir los documentos, según el FBI, la legislación estadounidense prohíbe revelar secretos para el beneficio económico de cualquiera.