Una propuesta, presentada por el congresista Gustavo Petro, ha sido duramente criticada por la Federación Colombiana de la Industria del software (Fedesoft) que la considera inconstitucional porque "genera discriminación contra los fabricantes y desarrolladores de software comercial protegido".

Los defensores del proyecto explican que no establece la obligatoriedad de eliminar del segmento estatal el software propietario, que protege el interés público al fijar reglas para elegir software y que  puede generar menores costos.