EFE.- El gobierno de EEUU ha reiterado que su criticado espionaje electrónico sobre los estadounidenses y en el exterior se justifica por la lucha contra el terrorismo, en la que "está por delante la seguridad nacional", informó ayer el diario estadounidense The Washington Post.

La Agencia de Seguridad Nacional (NSA) ha compartido con otros organismos de Washington datos obtenidos mediante su espionaje electrónico en el exterior del país, lo que ha desatado un debate sobre si ello viola los derechos civiles de los estadounidenses y de las leyes internacionales.

La Corte de Vigilancia de la Inteligencia Internacional creada por el Congreso ha exigido un resumen del programa autorizado por el presidente de EEUU, George W. Bush, en el 2002, el cual podría ser recibido por ese tribunal hoy, lunes, informó el periódico.

Un informe de 44 páginas del Servicio de Investigaciones del Congreso estadounidense sobre este espinoso asunto, difundido el fin de semana, indica que el espionaje electrónico decidido por Bush viola la leyes vigentes.

El mandatario autorizó a la NSA a llevar a cabo esas escuchas sin pedirle permiso al tribunal secreto especial, creado en 1978 para controlar las actividades de espionaje Ejecutivo sobre ciudadanos estadounidenses.

Según tres funcionarios o ex funcionarios del gobierno mencionados por la prensa local, la NSA pasó la información recogida a la Agencia de Inteligencia de Defensa (DIA por su sigla en inglés) "y a otras agencias gubernamentales".

"Los datos de las escuchas e interceptaciones incluyen grabaciones de comunicaciones telefónicas o correos electrónicos", según The Washington Post "y estuvieron a disposición para las agencias autorizadas a pedirlos".

Bush ha admitido que ordenó esas actividades y ha reiterado que las continuará, aunque ha dicho que la revelación de la operación de la NSA fue un "acto vergonzoso" que perjudica la seguridad nacional.

El Departamento de Justicia investiga ahora la manera en que la información secreta llegó a la prensa.

La Unión de Libertades Civiles (ACLU) indicó que el Gobierno debería investigar, en cambio, si Bush violó la ley cuando autorizó el espionaje.

El documento del Servicio de Investigación del Congreso de los Estados Unidos refuta las afirmaciones de Bush y del secretario de Justicia, Alberto Gonzales, sobre la legalidad de esta acción secreta.

Los demócratas y los grupos de defensa de los derechos civiles, que intenta poner fin al programa secreto, han reiterado su llamamiento al Congreso para que celebre audiencias sobre ese espionaje centrado en sospechosos de terrorismo, tanto en EEUU como fuera del país.

El informe del Servicio de Investigación legislativo considera que la justificación legal de la Casa Blanca para este programa de espionaje no parece tener justificación.