En los preámbulos de la sentencia se explica que la protección jurídica de programas de ordenador establece los actos de los legítimos usuarios de un programa informático sujetos a restricción, no estando autorizados a realizar ningún cambio sin la debida autorización de su autor o titular.

"Sin embargo, cuando el programa es encargado y hecho a medida del cliente y es él quien corre con los gastos de investigación y desarrollo, lo que supone una considerable inversión, su viabilidad para el futuro no puede dejarse al puro interés, capricho o veleidad del proveedor del programa.

Para evitarlo, el art. 5.1 de la mencionada Ley establece que «no necesitarán autorización del titular, salvo disposición contractual en contrario, la reproducción o transformación de un programa de ordenador incluida la corrección de errores, cuando dichos actos sean necesarios para la utilización del mismo por parte del usuario legítimo, con arreglo a su finalidad propuesta».

Esta normativa resulta aplicable al caso debatido, en el que lo que pretendían hacer los demandantes reconvencionales --adquirentes y legítimos usuarios del programa hecho a medida-- era una modificación del mismo necesaria para su utilización con arreglo a la finalidad propuesta, como se deduce del hecho de que tuvieron que adquirir de distinto proveedor un nuevo programa, ya que apenas utilizaron el anterior debido a que el proveedor no les entregó una copia de las «fuentes» del programa, sin la cual éste no se podía actualizar ni podían introducirse mejoras. ç

Por ello, debe prosperar la demanda reconvencional y debe condenarse al creador y proveedor del programa a indemnizar los perjuicios derivados del incumplimiento contractual relativo a la no entrega de las «fuentes».

Una sentencia que devolverá la racionalidad a un acto que no es más que la realización por encargo de un trabajo y que si a alguien debe proteger es a aquel que lo solicita y paga por ello y no a quienes utilizando el control del código fuente se aseguran un cliente de por vida.