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Los contratos-tipo de telefonía incluirán medidas para mejorar la protección de los usuarios


Ausbanc propone que las cláusulas determinen con exactitud los derechos y obligaciones de los consumidores


 
Los contratos-tipo de telefonía aprobados por la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información del Ministerio de Ciencia y Tecnología recogerán una serie de recomendaciones adoptadas por la Comisión Asesora del Plan de Actuación en materia de cláusulas abusivas en contratos basándose en un informe realizado por la Asociación de Usuarios de Servicios Bancarios (Ausbanc).

Ausbanc informó ayer en un comunicado de que ha elaborado un informe sobre "Condiciones generales de la contratación utilizadas por las operadoras en los contratos con los consumidores en el sector de telefonía fija y móvil", en el que propone que las cláusulas determinen con exactitud los derechos y obligaciones de los usuarios.

Las recomendaciones adoptadas por la Comisión se refieren, en primer lugar, a la garantía de los derechos de los consumidores. Los contratos deben garantizar que el usuario pueda reclamar en caso de disconformidad con el servicio o con la facturación, mediante la especificación de dónde y cómo hacer esas reclamaciones y la determinación de un teléfono único donde dirigirlas.

Ante la creación de nuevos servicios o una posible variación en los precios, las operadoras han de garantizar que el usuario tenga conocimiento previo de ambas circunstancias y que la aceptación de los nuevos servicios sea explícita. Además, la Comisión considera que es imprescindible la perfecta determinación de los servicios que la operadora se obliga a prestar por la suscripción del contrato y en qué fecha se compromete a iniciar el servicio.

Aparte de las recomendaciones generales sobre la obligación de que las condiciones generales de los contratos sean firmadas por el consumidor y la "necesaria" claridad y sencillez en la redacción de las cláusulas, la Comisión realiza también recomendaciones en aspectos como las tarifas, los servicios prestados, los derechos de los consumidores, la facturación, los depósitos de garantía y la cesión del contrato.

Este órgano está integrado por representantes de la Administración en materia de consumo, de la Dirección General de Registros y Notariado, de las asociaciones de consumidores y usuarios, de las operadoras de telefonía y del Ministerio de Ciencia y Tecnología, y tiene como objetivo mejorar la protección de los usuarios en los contratos de telefonía.
 

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