La controversia sobre las condiciones actuales de desarrollo de la firma digital estuvo servida desde mucho antes del inicio oficial del debate. La llegada anticipada del público asistente y la voluntad del impulsor y moderador de Tetulia21, Tomás Cascante, de entretener su espera y corresponderle con una muestra de atención, dio paso a un primer escarceo dialéctico entre los dos únicos contertulios presentes en la mesa hasta este momento: Francisco de Quinto, socio de Piqué Abogados Asociados, e Ignacio Alamillo, director jurídico de la Agència Catalana de Certificació (CatCert), perteneciente a la Generalitat de Catalunya.

El abogado y economista, Francisco de Quinto empezó arremetiendo contra "el frustrado" Real Decreto-Ley 14/1999 de Firma Electrónica, a cuya ineficacia atribuyó los situación actual de la firma digital, "todavía desconocida para la gran mayoría de ciudadanos i empresas".

La réplica del letrado de CatCert fue igual de contundente: ni los resultados del Real Decreto-Ley 14/1999 habían sido nulos, ni tampoco sus cuatro años de vigencia podían considerarse completamente estériles. Alegó en su defensa que "en todo este tiempo la Administración Pública, en especial la Agencia Tributaria, ha hecho una magnífica labor en Internet al amparo de la firma digital", y aseguró que "el número de declaraciones del IRPF del ejercicio 2002 presentadas a través de Internet supera los 1,7 millones".

Tras esta polémica inicial, interrumpida con la llegada del resto de ponentes, el director de Tertulia21, Tomás Cascante, empezó presentando el tema de debate sobre las "Aplicaciones prácticas de la firma digital, en la gestión de las pymes" y acto seguido retomó la palabra Ignacio Alamillo, para enumerar algunas de tales aplicaciones: acceso a concursos de obras públicas, a registros de bienes inmuebles, a tipo de trámites con la Agencia Tributaria, emisión de facturas telemáticas, creación de una Sociedad Limitada Nueva Empresa (SLNE) en 24 horas, cambio de padrón municipal, solicitud de patentes y marcas, servicios de comercio electrónico entre empresas, "e-catàleg" (herramienta de licitación electrónica de la Generalitat de Catalunya), gestiones bancarias, etc.

Disponibles en su conjunto mediante firma digital reconocida de la Fábrica Nacional de la Moneda y Timbre, concedida por Ceres (una de las tres únicas autoridades de certificación españolas capacitadas para ofrecer firma digital reconocida, junto con Feste y ACE), a partir de setiembre cualquiera de estos u otros servicios de firma digital podrán empezar a ofrecerlos las empresas privadas. Según el director jurídico de la Agència Catalana de Certificació, "será un buen momento para aprovechar las ventajas de la firma electrónica, puesto que bastará con disponer de navegador y encriptador (sea de correo electrónico o bien de páginas de texto en formato word, pdf, etc.) para utilizar la certificación digital".

Facilidad y utilidad

Facilidad y utilidad resumen a la perfección los dos principales retos a los que se enfrenta el uso masivo de la firma digital y, desde luego, las Cámaras de Comercio son las primeras interesadas en que tales ventajas no pasen desapercibidas a las empresas. Para despejar toda sombra de duda, Elisabeth Lynch, responsable de Innovación y Promoción de Servicios de la Cambra de Comerç de Barcelona, incidió de lleno en el uso de la firma electrónica entre empresas "como uno de los elementos de mayor aplicación práctica del Proyecto de Ley de Firma Electrónica, ya que aportará seguridad en las transacciones que se realicen mediante el simple intercambio de correos electrónicos debidamente encriptados con sistema de certificación". Aludió, en concreto, a Camerfirma (certificado electrónico utilizado por las Cámaras de Comercio españolas), amparado por el proyecto europeo Chambersign, en el que participan también Alemania, Austria, Bélgica, Francia, Holanda, Italia, Luxemburgo, Reino Unido y Suecia, y destacó su valor añadido, derivado del hecho que permite a los sistemas de certificación nacionales debidamente homologados operar bajo una marca paneuropea cameral común, ampliando así su ámbito de validez.

Para que, además de fácil y útil, la firma digital resulte imprescindible a cualquier usuario, Jordi Buch, director de Marketing de Producto de Safelayer, subrayó la enorme eficacia y el ahorro de costes y tiempo que permite, y entró de lleno en las funciones esenciales de la firma digital: acreditación e identificación de las partes, confidencialidad y privacidad de las mismas, autentificación de los contenidos y garantía de no repudio, entendida como la imposibilidad de que ninguna de las partes pueda negar haber enviado o recibido el mensaje.

Ya en la recta final del primer turno de intervenciones, la última ponencia, a cargo de Francisco de Quinto, socio de Piqué Abogados Asociados, confirmó el marcado acento crítico de su intervención inicial, que resultó premonitoria. El abogado y economista especializado en nuevas tecnologías trazó un perfil muy negativo de la situación actual de la firma digital, amparado en los sucesivos fracasos de distintos proyectos, de los cuales los más recientes son: "e-notario" y la Sociedad Limitada Nueva Empresa (SLNE). Asimismo, para enfriar todavía más los ánimos de sus compañeros advirtió que, sin duda, el número de declaraciones del IRPF tramitadas por la Agencia Tributaria a través de Internet involucra a un número sensiblemente menor de 1.700.000 contribuyentes, teniendo en cuenta que un gran número de ellos lo hace a través de gestores y asesores.

Aún sin llegar a mostrarse totalmente escéptico sobre las posibilidades futuras de la firma digital, concluyó diciendo que "el juguete puede que sirva pero de momento casi nadie sabe jugar con él".