El senador Norm Coleman, que ordenó realizar audiencias sobre la
estrategia para hacer acatar las reglas de la industria discográfica, indicó que
entiende la preocupación sobre el robo de música pero cuestionó la táctica
aplicada por la RIIA.
"La industria discográfica tiene intereses legítimos para defender los
derechos de autor", indicó Coleman en un comunicado.
Sin embargo, agregó: "Pero la amnistía que puede involucrar a millones de
jóvenes que rellenan y firman documentos legales para declararse culpables (...)
puede no ser la mejor forma para lograr un balance entre la protección de las
leyes de derecho de autor y el castigo a aquellos que violan esas leyes".
La RIIA prometió que no compartirá información sobre el programa de amnistía con
otros que puedan tomar acciones legales contra los piratas de música en internet,
pero eso no aleja las preocupaciones de algunos de los usuarios.
Rich Menta de MP3Newswire.net calificó la amnistía como un "acuerdo
de estafadores" y urgió a los fanáticos de la música a mantenerse al margen.
"Esto no es una amnistía, sino un manto para invadir la privacidad de los
usuarios engañando a los consumidores para que den su nombre, dirección, edad,
gustos musicales y más de modo individual y voluntariamente", escribió Metna.
"¿Quién diablos es la RIIA para guardar nuestras fotos e información personal
en su base de datos?", se preguntó retóricamente.
"La RIAA ofreció una 'falsamnistía' y no una amnistía, para aquellos que
comparten música en la red", dijo Jason Schultz de la Fundación de
Fronteras Electrónicas, un grupo que promueve la privacidad en internet y la
libertad de expresión.
"La industria discográfica quiere que los usuarios se confiesen culpables,
mientras estos fanáticos permanecen vulnerables a demandas de compañías
discográficas y muchos editores de música y bandas", agregó.
Aquellos que se confiesen culpables se verán libres de una posible demanda
judicial, señaló la RIIA mientras sigue apoyándose en una ley de 1998 para
obligar a los servidores y las universidades de Estados Unidos a identificar a
los presuntos piratas.
Las demandas masivas solo se realizarán por el momento en los EEUU
Precisamente es gracias a las "ventajas" que ofrece esta normativa legal,
Acta Digital del Milenio de Derechos de Autor, lo que le ha permitido a la RIIA
la presentación de demandas masivas y la inexistencia de una norma semejante en
muchos países europeos lo que salva a sus usuarios de ser protagonistas de
acciones similares.
No obstante son las compañías discográficas los que están tras las demandas
judiciales presentadas en Dinamarca, Alemania, Italia y otros países contra
individuos aislados o sitios Web aprovechando las normativas locales, por lo
general, menos restrictivas en este terreno que las existentes en los EEUU.
Además, la socia internacional de la RIIA, la IFPI se enfocará sus esfuerzos,
fuera de Estados Unidos, en educar a los adolescentes y estudiantes de que el
intercambiar archivos es una actividad ilegal.
"No hay planes actualmente de lanzar acciones legales al estilo de Estados
Unidos a nivel internacional o en Europa. Pero el cargar música protegida es
ilegal (...) y las acciones legales contra los que carguen canciones no pueden
descartarse en el futuro", dijo el martes Adrian Strain, un portavoz de la
IFPI en Londres.
Nadie niega que el verdadero motivo de la IFPI y las discográficas es esperar
a que la Unión Europea endurezca sus directivas y no quemar los cartuchos en
acciones que, a lo mejor, no podrían prosperar.
La estrategia de "educar a los usuarios" se vende muy bien en el terreno de
las relaciones publicas y una vez consigan sus objetivos de normativas más duras
podrán lanzarse sobre los usuarios habituales de estos lugares, opinan
internautas en distintos foros.
La primera gran prueba legal en Europa podría suceder en España en las
próximas semanas, donde una coalición de empresas de software no identificadas
están buscando demandar a miles de individuos que acusan de violación de
derechos de autor.