A. Lorenzo / A. Pérez  -  Entre las consecuencias inmediatas que pudiera suscitar la presentación la demanda contra Terra —y en el caso de que el juez lo admitiera a trámite—, sobresale la obligación de la empresa del Grupo Telefónica de provisionar dicha cantidad en concepto de incertidumbres procesales en sus próximas cuentas de resultados.

El bufete de abogados madrileño, que defiende los intereses de parte de los acreedores de la desaparecida empresa de Internet, no sólo prevé implicar en su denuncia a Terra, sino también a los consejeros que tenía esta compañía en el año 2000, entre los que se encontraba César Alierta, presidente del Grupo Telefónica, así como Joaquím Agut, ex primer ejecutivo de Terra y actualmente presidente de Endemol, filial del Grupo Telefónica.

Aviso a Telefónica
El despacho de abogados de los acreedores de Teknoland asegura a este periódico que ha enviado un requerimiento a los representantes legales de Telefónica para advertir a la compañía de las posibles contingencias que pudiera generar dicho litigio en una de sus empresas del grupo. Al mismo tiempo, el despacho madrileño asegura que hizo extensivo dicho aviso a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, CMNV, por las posibles consecuencias que la futura demanda pudiera suscitar en el valor de la compañía cotizada.

En los argumentos de la futura denuncia destaca una indemnización por el presunto incumplimiento de un laudo arbitral que obligaba a Terra a "financiar y a gestionar lealmente Teknoland". Dicho "incumplimiento", según explican los acreedores de Teknoland, provocó la quiebra de la firma de Internet con el consiguiente perjuicio económico para los acreedores, entre los que se encuentran los inversores de Ideal Object, decenas de proveedores, alrededor de 300 empleados y un grupo inversor de origen árabe con sede en el Reino Unido, que concedió un crédito de mil millones al Grupo Teknoland.

Hasta siete años
Según explicaron expertos jurídicos a LA GACETA, el litigio podría dilatarse hasta siete años. Una vez que el juzgado de primera instancia de Madrid admitiera a trámite la referida demanda, el juez debería dirimir entre las reclamaciones y argumentos de las partes en conflicto. "El juez tendrá que interpretar el Código de Comercio y resolver si Terra administró de forma leal el grupo Teknoland o, por el contrario, si se inhibió y dejó que se produjera la quiebra", señalan los futuros demandantes.

Según ha podido averiguar este periódico, el laudo dictado por la junta arbitral argumenta que "quién había asumido la obligación de financiar Teknoland era Terra". La resolución arbitral también precisa que, en el caso de Terra "hubiera apoyado o suscrito la ampliación de capital para la que se celebró Junta General el 6 de enero de 2001, es lógico suponer que la situación concursal se hubiera evitado y, con ello, la pérdida de imagen y valor de la compañía".

El laudo arbitral dispone de idéntica fuerza legal que una sentencia en firme dictada por un tribunal ordinario de Justicia.