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Agencias - M.A.M., de 30 años, residente en Torrelavega, deberá además pagar una multa de 990 euros como autor de un delito contra la propiedad intelectual e indemnizar con cantidades que suman 44.284 euros a las tres sociedades de autores y editores que lo habían denunciado en nombre de los propietarios legítimos de los discos, los ficheros de música en MP3 y los programas incautados: la SGAE, AFYVE y ADESE.

Este joven había alegado que las copias halladas en su casa eran para su uso privado, puesto que la condición que el Código Penal establece para entender que se ha cometido un delito es que exista ánimo de lucro, pero el juez considera que esa excusa "difícilmente puede ser admitida" en este caso por "comprensivo" que quiera ser.

"Cabría tal suposición de tratarse de algo accidental, esporádico o bien de un número muy limitado de reproducciones, pero el material utilizado y el elevado número de esos elementos, unido a la evidente notoriedad que alcanzó esa actuación, son factores que llevan al único convencimiento posible de que con ese proceder se obtuvo o se pretendía obtener, a través de ingentes ventas aunque a precios muy reducidos, unas ventajas económicas", razona el magistrado Javier Cruzado, titular del Juzgado de lo Penal número 1 de Santander.

El juez reconoce que "es cierto" que no se ha presentado en este proceso ningún testigo que corrobore que M.A.M. vendía discos piratas, pero precisa que "también lo es que debió alcanzar tal resonancia que llegó a conocimiento de los profesionales encargados de las asociaciones protectoras y de la propia Policía".

A sus razonamientos el magistrado añade su convencimiento de que "la tenencia de casi 5.000 discos compactos, en los que se hallaban grabados producciones originales, es significativo de que se estaba utilizando, como así realmente fue, para su propia venta".

La sentencia reconoce que hacer copias para consumo propio "no es delictivo", pero "siempre y cuando quede centrado en un reducido ámbito, que es lo que aquí precisamente no ha sucedido".

La sentencia también condena a otro joven de 32 años que fue detenido el mismo día que el anterior, A.M.I.G., aunque a una pena menor (un año de cárcel y 480 euros de multa), ya que indemnizó a las empresas editoras antes del juicio y reconoció ante el juez los hechos que se imputaban. En su caso, la Policía le requisó 4.296 copias de música, películas y vídeo juegos, una lista de 16 folios con los juegos de la consola PlayStation que tenía a la venta y una libreta con anotaciones sobre pedidos.