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Agencias -La cruenta batalla entre las discográficas y
los proveedores de acceso a Internet -y, con ellos, los propios usuarios- se ha
resuelto hoy, al menos provisionalmente, de manera imprevista.
Los tres jueces del tribunal de apelaciones de Washington han
decidido frenar la campaña de las discográficas que obligaba a los proveedores
de acceso a la red a facilitar la identidad de los clientes acusados de piratear
música. Los magistrados no se anduvieron con rodeos y señalaron que el argumento
legal en que se apoyan las discográficas para llevar adelante su campaña, que
generó una ola de centenares de demandas contra otros tantos usuarios, "raya
en la tontería".
Las discográficas iniciaron el verano pasado una campaña
contra el intercambio gratuito de canciones "de usuario a usuario" en
lugares como Kazaa o Morpheus -los sucesores del emblemático Napster-, a
los que echan parte de la culpa del dramático descenso en las ventas de CD en
los últimos años. Para amortiguar los efectos de su agresiva campaña, la
Asociación Estadounidense de la Industria Discográfica (RIAA, en inglés), que
reúne a los grandes sellos, ofreció un plan de "amnistía" que permite a los
usuarios esquivar las demandas a cambio de cumplir una serie de condiciones,
como no volver a copiar música de la red.
Uno de los casos más sonados, y que puso en un aprieto a los
encargados de relaciones públicas de las discográficas, se refiere a una niña
neoyorquina de 12 años que se comprometió a pagar 2.000 dólares a cambio de que
las discográficas retiraran una denuncia. El caso de la pequeña se convirtió
rápidamente en el emblema de los enemigos de la RIAA, convencidos de que la
política de la industria contra los usuarios equivale a matar moscas a
cañonazos. La RIAA, que reúne a las cinco principales discográficas -Universal,
BMI, EMI, Sony y Warner- advirtió en junio pasado de sus planes para llevar a
los tribunales a los usuarios individualmente.
El anuncio llegó poco después de que un tribunal federal de
Los Angeles obligase a los proveedores de acceso a Internet a desvelar la
identidad de los presuntos piratas camuflados bajo seudónimos. Hasta ahora, las
decisiones judiciales habían dado la razón a la industria pero, en esta ocasión,
los jueces se han puesto de parte de la empresa de acceso a la red Verizon, la
primera en cuestionar la constitucionalidad de la orden que le obligaba a
entregar los nombres de sus clientes.
La telefónica argumentó que la orden judicial no debe
aplicarse en los casos en que la música pirateada se descarga directamente en el
ordenador personal del cliente, algo que está fuera de su control. Según Verizon,
seguir las instrucciones de las discográficas supondría violar los derechos de
sus clientes y permitir que se espíe a los consumidores. La telefónica se
congratuló de la decisión de hoy: "Esta es una importante victoria para los
usuarios de Internet y para todos los consumidores", señaló la directiva
Sarah Deutsch en un comunicado.
"El tribunal ha echado por tierra un procedimiento
peligroso que amenaza las garantías legales de los estadounidenses y viola los
derechos constitucionales", dijo Deutsch. La decisión supone que la RIAA
todavía podrá buscar la identidad de los infractores, pero tendrá que perseguir
individualmente a cada usuario para obtener su identidad, un proceso más
laborioso.
Cary Sherman, presidente de la RIAA, criticó duramente la
decisión judicial en un comunicado y dijo que es "inconsistente" con las
opiniones del Congreso de EEUU y de los tribunales inferiores.
"Desafortunadamente, ya no podremos notificar a los usuarios para ofrecerles la
oportunidad de llegar a un acuerdo fuera de los tribunales", señaló Sherman
en referencia al mencionado programa de amnistía
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