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Durante los tres primeros meses del presente año, BSA (Business Software Alliance) ha realizado un total de 116 acciones contra empresas españolas que presuntamente atentan contra la Propiedad Intelectual del Software. Gran parte de estos casos corresponden a acciones extrajudiciales contra compañías que pudieran estar distribuyendo o utilizando software de origen ilegal. No obstante, BSA ha interpuesto también un total de 3 demandas contra otras tantas sociedades y ha realizado un registro por vía civil.

Además, y durante este periodo, BSA ha recibido una sentencia judicial a su favor. El pasado 9 de Febrero, el Juzgado de lo Penal nº 17 de Barcelona dictó sentencia contra el último de los imputados en el caso de un registro efectuado el 13 de Diciembre de 1998 en Barcelona. La sentencia incluye una pena de 2 años de prisión, multa de 14 meses con cuota diaria de 6 euros, inhabilitación para dedicarse profesionalmente a cualquier tipo de actividad relacionada con obras protegidas por la Ley de Propiedad Intelectual por tres años, pago de costas procesales, incluidas las de la BSA, decomiso y destrucción del material incautado en el registro y publicación de la Sentencia condenatoria en periódicos oficiales a costa del condenado. En cuanto a los perjuicios causados por dichos infractores, y a pesar de que la cuantía está pendiente de fijación en fase de ejecución de la sentencia, se estiman en unos 500.000 Euros

Según Luis Frutos, Presidente del Comité Español de BSA, “Para la industria del software es de vital importancia contar con el apoyo incondicional del sector de la distribución informática. Con ese objetivo nos estamos comunicando con el canal para informarles sobre su papel fundamental en la lucha contra la piratería de software. Lamentablemente la piratería dentro de este sector alcanza un índice estimado en el 40%, lo que no sólo perjudica a las empresas desarrolladoras de software, sino que esta canibalizando el propio sector”.

Según BSA, en España el índice de piratería se ha reducido dos puntos porcentuales en 2002 con respecto al ejercicio anterior, situándose en el 47%. Asimismo, las pérdidas económicas ascendieron a 97 millones de dólares. A pesar de estas mejoras España sigue siendo el segundo país de Europa Occidental con mayor índice de delito informático, siendo sólo superado por Grecia, y continúa 12 puntos por detrás de la media europea.

En España, el Ordenamiento Jurídico tipifica dentro del ámbito Penal como delitos las infracciones contra la Propiedad Intelectual del software, y se prevén penas de privación de libertad de hasta cuatro años, y hasta cinco años de inhabilitación para el ejercicio de la profesión y multas de hasta 216.000 euros.