Agencias - En el auto, al que tuvo acceso Europa Press, Garzón hace suyas las conclusiones del informe fiscal, al afirmar que "está claro que los hechos que se contienen en el escrito de querella y adhesiones posteriores no son constituyentes de delito al no apreciarse ánimo de enriquecimiento ilícito".

No obstante, el juez reconoce la existencia de irregularidades pero advierte de que "deberían haber sido objeto de impugnación dentro de la mecánica societaria y según los trámites de la legislación mercantil a la que queda sometida la sociedad y órganos sociales querellados".

Garzón considera además que el auto del juez Guillermo Ruiz de Polanco en el que se incoaban diligencias previas no cumplió con preceptos de la ley de Enjuiciamiento Criminal y de la Ley Procesal Penal, ya que no fijó cuantía y clase de la fianza, condición 'sine qua non' para admitir el ejercicio de la acción penal.

En la parte dispositiva, Garzón exige a los querellantes el pago de una fianza de 100.000 euros como requisito previo para la aceptación como parte en el proceso y decide no admitir a trámite la querella.

La querella que presentó Adicae el 21 de julio de 2003 en relación con la OPA de Telefónica sobre Terra estaba dirigida contra los consejos de administración de ambas compañías desde noviembre de 1999 y, a título individual, contra el ex presidente de Telefónica Juan Villalonga, y contra Juan Perea Sáez de Buruaga, Martín Velasco y José Valles.

La asociación estimaba en 7.000 millones de euros los daños causados a los accionistas de Terra Networks con la decisión de Telefónica de lanzar una OPA sobre el capital que no controlaba de la filial.

Baltasar Garzón se hizo cargo de la querella presentada por Adicae contra Telefónica y Terra tras el expediente abierto a Guillermo Ruiz Polanco, quien fue el primer juez encargado de instruir el caso.