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El uso de cámaras ocultas y la grabación de sonido a través de dispositivos especiales para sordos en las salas cinematográficas han permitido a los piratas de películas obtener copias de muy buena calidad.

De convertirse finalmente en ley, el proyecto permitiría a los dueños de las salas colocar letreros en sus locales en los que se advierta que grabar una película en el cine constituye un delito federal. También proporcionaría a la Policía una ley precisa para acusar a un infractor.

Dicha normativa aumentaría también las condenas por distribuir copias de una obra determinada antes de que el dueño de la patente haya sacado su producto al mercado. Así, el colocar intencionadamente una copia de una obra comercial en una red pública de ordenadores sería un delito castigable con hasta tres años de cárcel.

El Departamento de Aduanas de EE.UU. considera que los grupos "warez", compuestos por expertos en tecnología y empleados de la industria cinematográfica y musical, son responsables del 95% del material pirata disponible en la Red.