El acceso imprevisto a los números de teléfono que comiencen por 803, 806, 807 ó 907, y cuyo precio supere el euro por minuto se ha acabado. Hoy entra en vigor una modificación de la normativa vigente por la que las compañías telefónicas tendrán que tener el consentimiento previo y firmado del usuario para darle acceso a esos números.

La orden ministerial publicada ayer en el Boletín Oficial del Estado (BOE) modifica la orden en vigor desde el mes de febrero de 2002. Este requisito de solicitud expresa (opt-in) venía siendo largamente reclamado por las asociaciones de consumidores y de internautas. Además, también se podrá requerir la solicitud para otros rangos de numeración de tarificación adicional.

La otra gran novedad de la nueva orden ministerial -consensuada con el Ministerio de Sanidad y Consumo, dadas sus competencias en esta materia- es que incluye dentro de su ámbito de aplicación a los servicios premium de mensajería sobre telefonía móvil, accesibles mediante el envío de mensajes SMS dirigidos a números cortos.

En un mes, autorización expresa

La norma establece que, en el plazo de un mes a partir de la publicación de la Orden, "el acceso a los servicios de tarificación adicional más caros" —entre ellos los prestados a través de los códigos 803, 806 y 807, seguidos por las cifras 6, 7, 8 ó 9, y el código 907, de transmisión de datos— requerirá una solicitud previa firmada por los usuarios a su operador de acceso.

Por otra parte, se adoptan medidas para evitar que el usuario de Internet pueda entrar automáticamente sin su consentimiento en un servicio de tarificación adicional a través del código 907.

Para ello, los operadores deberán garantizar que se proporcione al usuario la opción de aceptar o cancelar el acceso, que no se pueda acceder a servicios distintos de los que corresponden a la numeración empleada y que se suministre, asimismo, información adecuada en pantalla sobre el precio, características del servicio e identidad del prestador.

La norma concede también a los operadores la facultad de suspender el contrato con los prestadores de servicios de tarificación adicional que incumplan las normas establecidas.

Identidad de los prestadores

Los cambios legislativos obligarán a las compañías de telecomunicaciones a incluir en sus facturas la identidad de los prestadores de servicios de tarificación adicional y a desglosar la tarifa que cobra el operador de la parte que le corresponde al titular de las líneas.

En caso contrario, el usuario tendrá derecho a no pagar las llamadas sin que le corten el servicio telefónico, o a exigir la devolución de su importe si se las hubiesen cargado en cuenta.

La nueva norma reconoce también el derecho del abonado a pedir al operador la desconexión de estos servicios sin coste alguno, así como que la misma se lleve a cabo en diez días como máximo. Transcurrido este plazo, corresponderá a las compañías telefónicas el pago de las llamadas realizadas a estos números.

Asimismo, los operadores deberán a partir de ahora informar al usuario del precio, tipo y titular del servicio de tarificación adicional al que han llamado, mediante una locución de 20 segundos, antes de empezar a facturarlo como tal.

Además, a partir de ahora, los abonados podrán reclamar ante las Juntas Arbitrales de Consumo o el propio Ministerio de Industria en caso de disconformidad con la factura, sin que las operadoras les corten el servicio si pagan la parte de las llamadas que correspondan únicamente al servicio telefónico.

Por último, se reduce de un mes a ocho días el plazo de retirada del número telefónico desde que la Comisión de Supervisión comunique al operador el incumplimiento del Código de Conducta por un prestador de servicios. Industria destacó que, para evitar fraudes, dicho número no podrá ser asignado otra vez en el plazo de un año.