Por Victor Domingo - Asociación de Internautas -
El peso de la ley, que ahora actúa, según nos informan los Ministerios de
Cultura y de Justicia, puede caer sobre cualquier buscador que posibilite el
acceso a contenidos ajenos o sobre cualquier persona que tenga una página web
con enlaces a contenidos ajenos, contenidos que alguien, de forma anónima, puede
denunciar en un teléfono que no requiere identificación alguna y que está siendo
patrocinado con fondos públicos desde la Administración.
Los tiempos de las denuncias anónimas, de un nuevo gulag o de una nueva
dictadura del miedo, patrocinados esta vez desde los Ministerios de Justicia y
Cultura, parece que quiere comenzar y nada mejor que iniciarlo criminalizando a
una red mundial como es Internet asociándola descaradamente con el delito y la
cárcel, formando un totum revolutum.
No importa que alguien no sepa si un contenido es ilícito penal o civilmente, si
es necesario o no que exista una resolución judicial que así lo declare
previamente; lo importante, el mensaje que se quiere difundir con el dinero de
todos los ciudadanos es la estigmatización de Internet asociándolo de forma
inapelable al delito y a la cárcel, dos de las principales causas de exclusión
social, y curiosamente con el sello -y el dinero- de dos ministerios tan
significativos como son Justicia y Cultura.
La Asociación de Internautas espera que el Ministerio de Sanidad y Consumo,
algún día no muy lejano, lance una campaña de reforma legislativa que
criminalice las prácticas contrarias a los derechos de los consumidores y
usuarios sometidos al imperio del dictado de las operadoras, proveedores,
prestadores de servicios, etcétera. Y que, asimismo, el Ministerio de Industria,
tal vez algún día, publique alguna resolución relevante de aplicación de la Ley
de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio electrónico, aunque
sea una simple sanción por práctica de correo publicitario no solicitado (spam).
Aunque, bien pensado, tampoco vería con malos ojos que el Gobierno en pleno
lanzara una campaña de criminalización de pueblos, carreteras, vehículos,
ciudades, bares, discotecas, restaurantes, cafeterías, institutos, colegios,
administraciones, etcétera, por ser escenarios de delitos castigados incluso con
la cárcel.
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